Oficiales colombianos son condenados por "falso positivo" de un discapacitado

Bogotá, 4 jun.- Un juez colombiano impuso a dos oficiales del Ejército las máximas penas de 51 y 52 años de cárcel por la desaparición y muerte de un discapacitado que fue presentado como guerrillero muerto en combate, informaron hoy fuente judiciales.

Según un comunicado de la Fiscalía de Colombia, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Cundinamarca condenó al mayor retirado Marco Wilson Quijano Mariño y al teniente Diego Aldail Vargas Cortés por la muerte, en 2008, de Fair Leonardo Porras Bernal, que tenía un retraso mental y una incapacidad laboral del 56 por ciento.

Quijano fue condenado a 51 años de prisión por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado, mientras que Vargas pagará una condena de 52 años por desaparición forzada, homicidio agravado y falsedad en documento público.

La decisión también afecta al cabo segundo Manuel González Alfonso y a los soldados Richard Contreras Aguilar, Ricardo García Corzo y Carlos Antonio Zapata Roldán, que por el mismo caso fueron condenados a penas de 35 años de cárcel cada uno por homicidio agravado en calidad de coautores.

En el momento de los hechos los militares pertenecían al Batallón de Infantería No. 15, "General Francisco de Paula Santander".

Porras Bernal, de 26 años, fue dado por desaparecido en enero de 2008 junto a diez jóvenes más de Soacha, localidad vecina a Bogotá (centro de Colombia)

Las víctimas fueron contactadas por algunas personas que les ofrecieron trabajo rural en el departamento de Norte de Santander (nordeste), pero días después fueron reportadas como "dados de baja en combates".

Tras la investigación se estableció que Porras murió en la zona rural de La Esperanza, en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander.

Los cuerpos fueron sepultados en una fosa común y su descubrimiento dio lugar a los llamados "falsos positivos", en los que civiles muertos fueron presentados como rebeldes caídos en combate.

A los "falsos positivos", con unos 2.000 casos documentados por la Fiscalía, se han vinculado a por lo menos 1.500 militares, de los cuales unos cien han sido condenados.