Quito, 13 sep.- El movimiento oficialista de Ecuador, Alianza País, estudia la posibilidad de vincular al expresidente Lucio Gutiérrez con la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, interpretada por el Gobierno como un "intento de golpe de Estado".
Por contra, el propio Gutiérrez dijo hoy esperar que ello ocurra para que "de una vez por todas" se conozca la verdad y la supuesta responsabilidad del actual mandatario, Rafael Correa, por las muertes que se registraron durante esa sublevación de policías.
El viceministro del Interior, Leonardo Berrazueta, según la agencia oficial Andes, ha advertido de que Alianza País analiza la posibilidad de llevar a Gutiérrez ante los tribunales, basada en unas polémicas declaraciones del exmandatario contra Correa.
Según el oficialismo, días antes de la rebelión durante un foro en Miami (EE.UU.) Gutiérrez había afirmado que si se acababa con Correa se terminaba la "revolución ciudadana", el modelo político aplicado en el país por el mandatario izquierdista.
"Ojalá me inicien una indagación previa, ojalá, lo estoy esperando para aprovechar esa situación" y exigir que se aclare la verdad, señaló Gutiérrez.
Asimismo, dijo que esa eventual implicación procesal permitirá que, "de una vez por todas, se sepa toda la verdad sobre los muertos del 30 de septiembre" de 2010.
También para que, "de una vez por todas, la justicia le acuse a Rafael Correa" como "único responsable" del ataque al hospital policial donde se concentró la rebelión y donde el mandatario estuvo retenido por unas nueve horas hasta que fue rescatado por militares, en medio de un intenso tiroteo, señaló.
Por su parte, el ministro del Interior, José Serrano, también abrió hoy la posibilidad de investigar a Stalin López, abogado defensor del coronel César Carrión, entonces director del hospital policial y acusado de haber impedido el ingreso de Correa cuando era asediado por decenas de agentes.
López "puede ser investigado por la justicia para que declare qué es todo lo que vio el 30 de septiembre", dijo el ministro Serrano, con base en un vídeo de esa fecha, en el que se observa al abogado en los alrededores del hospital, cerca de los sublevados.
El letrado respondió y dijo que estuvo en el sitio de la sublevación porque cumplía una diligencia, y que como no pudo cumplir la gestión decidió observar los acontecimientos por "curiosidad".
El pasado 6 de septiembre la sala tercera de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) ratificó la inocencia del coronel Carrión del cargo de intento de magnicidio.
Dicho tribunal no dio paso a la apelación presentada por los abogados del Gobierno, que habían impugnado el fallo de inocencia que en mayo pasado dictó un tribunal de garantías penales en primera instancia.
Sin embargo, la sala tercera cambió el fallo de inocencia por el de culpables contra otros tres agentes imputados, los policías Luis Martínez, Marco Paucar y Luis Bahamonde, quienes fueron condenados a dos años de prisión.
En junio pasado un tribunal condenó a tres años de prisión a otro imputado, el excoronel Rolando Tapia, acusado de atentar contra la seguridad del Estado durante la rebelión policial.
Otros cinco policías (Francisco Noboa, Patricio Simancas, Marco Tibán, Mario Flores y Carlos Tasinchana) también fueron condenados por ese tribunal con penas que van de un año a 18 meses de prisión.
Según datos del Gobierno, 1.199 policías y militares protagonizaron el 30 de septiembre de 2010 una inédita protesta salarial que luego derivó en una revuelta de proporción.
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