Bogotá, 28 may.- El auge de las milicias civiles en México para combatir la inseguridad va a dificultar una derrota de los carteles de la droga, a no ser que el Gobierno regule a los "vigilantes", advirtió hoy la organización Crisis Group.
En un informe publicado hoy, esta organización fundada en 1995 con el fin de prevenir y resolver conflictos pasa revista a la rápida proliferación en México de los grupos de civiles armados que declaran combatir la delincuencia, conocidos como "vigilantes".
En al menos nueve de los 31 estados mexicanos, desde la frontera con EE.UU. hasta el sudeste del país, pero sobre todo en Michoacán y Guerrero, estados de la costa el Pacífico, hay presencia de esos grupos y desde enero pasado se han registrado más de 30 asesinatos que han tenido como autores o víctimas a los "vigilantes".
"La preocupación es que este nuevo tipo de violencia pueda extenderse por todo el país", señala Crisis Group.
Los "vigilantes" han surgido como un tercer elemento en el enfrentamiento entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, y si no se los encauza y se contiene su expansión, pueden producir más violencia y deteriorar el panorama del respeto a la ley en México, advierte Crisis Group.
El "clamor por la seguridad es legítimo", pero son más útiles para la causa de la justicia unas instituciones efectivas en hacer cumplir la ley que unas pistolas empuñadas por ciudadanos privados, señala Mark Schneider, vicepresidente senior del grupo y asesor especial para América Latina.
Crisis Group, que tiene su sede regional para América Latina en Bogotá, afirma que, aunque esos grupos han detenido a centenares de presuntos delincuentes y cuentan en sus filas con personas bienintencionadas, suponen "un desafío al monopolio gubernamental del uso de la fuerza para impartir justicia" y "algunos tienen sus propios vínculos con los carteles".
El informe cifra en "miles" los vigilantes armados y afirma que forman parte de un desafío más amplio a la autoridad del Estado en México que también se deja ver en las protestas contra la reformas auspiciadas por el Gobierno, como el bloqueo de rutas, y en el saqueo de camiones cargados de alimentos.
La posibilidad de que estas milicias crezcan aun más en los años venideros puede llevar a que haya partes del país que queden al margen del control de las instituciones estatales encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y también a que algunas sean usadas por grupos criminales para combatir a sus rivales y controlar el territorio, advierte Crisis Group.
El Gobierno del priísta Enrique Peña Nieto necesita una política coherente frente al "vigilantismo" que permita el trabajo de "auténticos programas comunitarios de policía", particularmente en comunidades indígenas, y a la vez "ponga freno a la expansión continuada de grupos armados irregulares".
"Todo esto requiere demostrar que el Estado tiene capacidad suficiente para restaurar la ley y el orden por si mismo", agrega.
Crisis Group afirma que es posible contener a las milicias y señala que hay algunas que no quieren ser "asociadas con los grupos más violentos" y pueden estar dispuestas "a llegar a compromisos sobre cómo deben operar".
La ONG destaca que ha habido acuerdos entre lideres de los "vigilantes" y algunos gobernadores que "muestran que se puede lograr un desarme voluntario".
"Las policías comunitarias pueden hacer una buena contribución a la lucha contra la inseguridad, pero solo si son legales y si cooperan con el gobierno", dice Javier Ciurlizza, director del programa de Crisis Group para América Latina y el Caribe.
"Los grupos que se toman la justicia por su mano solo añaden violencia y pueden ser usados por organizaciones criminales para sus propios objetivos", agrega.
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