Bogotá, 24 ene.- El secretario general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Luis Pérez, viajará mañana a Panamá para buscar que le sea revocado el asilo a una exdirectora de la central de inteligencia colombiana investigada en el país andino por escuchas ilegales.
El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) informó hoy en un comunicado junto a Pérez, que pertenece a esta ONG, que les acompañará el periodista Hollman Morris, quien se ha declarado víctima de los seguimientos y escuchas ilegales realizadas desde el hoy liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Pérez y Morris viajarán a Panamá este miércoles "con el principal objetivo de solicitar a las autoridades panameñas correspondientes, se revoque el asilo territorial concedido a María del Pilar Hurtado", quien fue directora del DAS entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008.
Según el documento, esta comitiva entregará a las autoridades panameñas "pruebas que constan que Hurtado no fue objeto ni de amenazas ni de persecución política en Colombia", razones esgrimidas por la funcionaria para pedir asilo en el país centroamericano.
En diciembre pasado, la Fiscalía colombiana pidió, a través de la Cancillería, la extradición de Hurtado por haber incurrido presuntamente en los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en un documento público.
El Gobierno panameño le dio asilo territorial a Hurtado desde noviembre pasado.
Hurtado fue destituida retroactivamente el 4 de octubre de 2010 por el procurador general colombiano, Alejandro Ordónez, quien también la inhabilitó por 18 años para el ejercicio de cargos públicos, por su responsabilidad en el escándalo de escuchas y seguimientos ilegales en que se vio inmerso el DAS.
En noviembre pasado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la liquidación del DAS, cuyas funciones pasaron a otras entidades del Gobierno.
El organismo de inteligencia tuvo su máxima cota de desprestigio los últimos 10 años, en coincidencia con los dos Gobiernos consecutivos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que siempre ha negado que hubiese ordenado alguna actividad ilegal.
Los escándalos más sonados tienen que ver con las escuchas ilegales (chuzadas) a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y magistrados, entre otros.
El ente también se vio salpicado por la infiltración del paramilitarismo, que se lucró con información clasificada.
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