"La CCEEU, red de 265 organizaciones para la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el país, lamenta los asesinatos de tres defensores (...) a manos de escuadrones de sicarios y paramilitares perpetrados en la última semana", afirmó la Organización No Gubernamental (ONG) en un comunicado.
La CCEEU se refiere a la muerte del líder afrodescendiente John Jairo Ramírez en el puerto de Buenaventura, sobre el Pacífico colombiano (oeste), al ambientalista Daniel Abril en el municipio de Trinidad (centro) y al líder de restitución de tierras Luis Francisco Hernández, en el municipio de Tierralta (norte).
Ramírez trabajaba con jóvenes en la violenta ciudad del departamento del Valle del Cauca, Abril protestaba contra las petroleras presentes en los departamentos de Meta (centro) y Casanare (noreste), y Hernández era también afrodescendiente y representante de víctimas que exigen el retorno de los desplazados por el conflicto a las tierras de las que fueron despojados.
La CCEEU condenó además el intento de acabar con la vida del líder indígena Feliciano Valencia, detenido en un resguardo aborigen del departamento del Cauca (oeste), por una sentencia a 16 años de cárcel por el secuestro de un militar, que él consideró injusta recientemente, en una entrevista con la AFP.
"La CCEEU registra con igual preocupación (...) el intento de asesinato del líder indígena Feliciano Valencia. La Guardia Indígena frustró el atentado perpetrado por cuatro hombres que, portando y accionando armas de largo alcance, incursionaron en la finca (...) adonde hace una semana fue trasladado", agregó el texto.
Colombia vive un conflicto armado de más de 50 años en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, que ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
Aunque unos 32.000 paramilitares de extrema derecha se desmovilizaron masivamente entre 2003 y 2006, en el país actúan grupos armados remanentes de aquellas milicias, llamadas por las autoridades "bandas criminales", que trafican con drogas y constituyen uno de los mayores desafíos a la seguridad del país, según las autoridades.
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