"Esta ley busca ponerle fin a una era de prisión y persecución por razones de pensamiento distinto. No podemos hablar de justicia mientras haya presos y exiliados políticos", dijo la diputada opositora Delsa Solórzano, al presentar el proyecto, entre gritos de "libertad" de familiares de opositores presos que acudieron al palco de invitados.
Del lado del oficialismo, el diputado Elías Jaua calificó al proyecto de ley como de "amnesia criminal". "Este autoperdón sólo tiene precedentes con genocidas (...) Esto no va a unir a Venezuela sino a profundizar la fractura social", afirmó desde el estrado.
Por tener la oposición mayoría calificada se da por descontado que se aprobará el proyecto en esta primera discusión y en el segundo debate en las próximas semanas. Pero luego requiere la promulgación del presidente Maduro, quien ya anunció que lo vetará.
"A esta ley le espera un largo camino. La liberación de los presos pasa por resolver el conflicto institucional que vive el país", declaró a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.
El analista explicó que Maduro podría enviar el proyecto a revisión de la Sala Constitucional, el órgano más poderoso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al oficialismo, por lo que podría abrirse otro frente de tensión en el marco de la crisis institucional.
La amnistía, que busca beneficiar unos 75 disidentes presos, empezó a discutirse dos años después de violentas protestas en las que fue detenido el opositor radical Leopoldo López, y que dejaron 43 muertes.
El gobierno la rechaza al asegurar que beneficiará a "terroristas" y "asesinos", como considera a López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro.
El debate ocurre exactamente dos días antes de que López cumpla el segundo año de prisión. Para recordarlo, su esposa Lilian Tintori encabezará varios actos, uno de ellos en el Parlamento el jueves, acompañada de los premios Nobel de la Paz y expresidentes Lech Walesa (Polonia) y Oscar Arias (Costa Rica).
"Con esa ley de amnistía vamos a poder liberar a todos los presos políticos", dijo este martes Tintori, tras insistir en que López está "encarcelado injustamente".
Otro de los opositores que se ampararía en la amnistía es el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien, un año después de su detención, fue llamado a juicio el lunes acusado de conspirar contra Maduro y de asociación para delinquir.
"La amnistía es la solución para la división que ha existido en Venezuela, abre la puerta a la paz", declaró Antonieta Ledezma, hija del alcalde, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel.
Desiré Cabrera, vocera de un comité de víctimas de las protestas afín al oficialismo, afirmó que los que se beneficiarán de la ley "no son presos políticos, sino personas que llamaron a la violencia y cometieron terrorismo".
"Rechazamos rotundamente esta ley de impunidad, de autoperdón. Pedimos respeto por las víctimas", declaró Cabrera, en el Palacio Legislativo.
La oposición planea una manifestación el sábado y otros actos en favor de la amnistía esta semana, mientras que los seguidores del gobierno también planea mitines en contra.
La amnistía es el proyecto emblemático de la mayoría opositora en el Congreso, si bien la prioridad, según anunció al instalarse el 5 de enero, es proponer una vía legal para acortar el mandato de Maduro, elegido en abril de 2013 para un período de seis años.
La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno -una enmienda constitucional o un referendo revocatorio-, serán aplicables si no realizan una reforma de instituciones clave.
La enmienda podría quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que la oposición también señala como afín al chavismo, por lo que la oposición anunció el lunes que planea emprender reformas institucionales.
"Aquí no va a haber golpe de Estado ni estallido social, sino una transición del autoritarismo a la democracia", declaró el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
La oposición decidió acelerar sus planes, luego de que el jueves el TSJ desconociera la decisión del Parlamento de negar un decreto de emergencia dictado por Maduro para enfrentar la grave crisis económica.
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