Asunción, 9 abr.- Organizaciones de derechos humanos de Paraguay deploraron hoy la decisión de un tribunal de rechazar la sustitución de prisión preventiva por arresto domiciliario para cinco campesinos acusados por una matanza en 2012, que llevan 55 días de huelga de hambre.
"Aquí se ha violado la Constitución Nacional, el derecho a la vida", dijo a Efe Martín Almada, quien asistió a la audiencia del Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá en representación de la Asociación Americana de Juristas.
"La justicia paraguaya una vez más mostró su rostro, un rostro al servicio de los poderosos, de los políticos, de los ganaderos, de los sojeros", dijo Almada, quien fue un prisionero político durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y llevó a cabo una huelga de hambre de 30 días.
El tribunal concluyó que "no se hallan los presupuestos para decretar el arresto domiciliario al no determinarse enfermedad grave o terminal", con lo que negó la petición de la defensa.
La Fiscalía se había opuesto al arresto domiciliario con el argumento de que la ley paraguaya no lo contempla para personas imputadas por crímenes.
Por su parte, la defensa pide el traslado de los campesinos a sus domicilios porque su vida está en riesgo y porque ya cumplen más de un año y nueve meses de prisión preventiva.
Los labriegos están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
"Es una decisión que lamentamos y repudiamos", dijo a Efe Enrique Gauto, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que presentó una acción de apoyo a la petición de la defensa del arresto domiciliario.
Gauto destacó que los campesinos ya no pueden levantarse sin ayuda ni siquiera para ir al baño y que según los médicos "las energías de su organismo se están agotando".
Los campesinos se encuentran en un hospital militar de Asunción, a donde fueron trasladados el pasado fin de semana desde el penal de Tacumbú debido a su delicada situación de salud.
Sus abogados les consultarán a ellos y también a sus familiares sobre la posibilidad de apelar el dictamen del tribunal, según dijeron a Efe fuentes de la defensa.
"No existe la presunción de inocencia, aquí es la prisión preventiva porque la condena ya está hecha", dijo a Efe Rocío Casco, diputada de Avanza País, un partido de izquierda.
Casco, quien estuvo presente en la audiencia, se ofreció para firmar como una de las garantes de la fianza en el caso de que el tribunal otorgase el arresto domiciliario.
"No se puede confiar en un sistema de justicia manejado por los antojos e intereses políticos", señaló.
Los labriegos iniciaron su huelga de hambre para exigir su puesta en libertad y que se determine la titularidad de las tierras en el conflicto que llevó a la matanza, que dejó 17 muertos.
Los hechos ocurrieron en junio de 2012, cuando la policía intentó desalojar a un grupo de campesinos que había invadido unas tierras cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante funcionario del Partido Colorado, actualmente en el poder.
En el enfrentamiento en el lugar, una zona rural del municipio de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción, murieron once campesinos y seis policías.
Una semana después, el Parlamento paraguayo cesó al entonces presidente, Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político y nombró como mandatario a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado del Gobierno.
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