Ortiz atribuye a sus empleados responsabilidad de contratos con Orange Market

Valencia, 13 jul.- El empresario de la construcción alicantino Enrique Ortiz ha atribuido a varios de sus empleados la responsabilidad de los contratos suscritos entre su empresa y la firma de la trama Gürtel Orange Market que supuestamente sirvieron para financiar de forma irregular al PP valenciano.

Ortiz ha prestado declaración hoy ante el juez José Ceres en el Palacio de Justicia de Valencia como imputado en la pieza separada que investiga la supuesta financiación ilegal del partido, dentro del denominado caso Gürtel.

Según ha informado su abogado, Francisco Ruiz, el constructor alicantino ha respondido a todas las preguntas del juez y los representantes del ministerio fiscal y ha ofrecido toda la colaboración de su empresa.

El abogado ha explicado que Ortiz no intervino personalmente en los contratos con Orange Market, sino que fueron "directivos de su empresa" quienes lo hicieron.

"Ortiz no intervino en los hechos. Ha identificado perfectamente a los directivos, que desde ahora están a disposición del tribunal para clarificar lo que sea necesario", ha añadido.

Según este letrado, Enrique Ortiz ya entregó al tribunal documentos que acreditan su tesis, de modo que hoy no se le han reclamado.

Preguntado por qué empleados o directivos de la empresa formalizaron los citados contratos, Ruiz ha señalado que no le parecía "prudente" hacer público su nombre, si bien ha indicado que "la mayoría" de estos empleados sigue trabajando para Ortiz.

"Al margen de lo que ha sucedido en el interior de la sala, Ortiz quiere manifestar su confianza en la administración de justicia y espera que los juzgados puedan hacer su trabajo y que él también pueda crear empleo y riqueza en la ciudad de Alicante", ha concluido.

Antes que Ortiz ha declarado el también empresario de la construcción, Enrique Gimeno, propietario de la firma castellonense Facsa, y tras él Vicente Cotino, de la constructora valenciana Sedesa.

La investigación policial apunta la existencia de una facturación doble de la empresa Orange Market, que recibió numerosos contratos de la administración autonómica y organizó actos para el PP valenciano, mediante la cual se pudo financiar de forma supuestamente ilegal al partido.

Así, las citadas firmas de la construcción (y otras) pudieron haber realizado desembolsos a Orange Market que supuestamente enmascaraban los gastos originados por la organización de actos de partido.