Paraguay advierte de "alto costo" de acatar sentencias sobre indígenas

Asunción, 15 dic.- El presidente del estatal Instituto del Indígena de Paraguay (INDI), Jorge Servín, advirtió hoy del "fuerte peso económico" que tiene para el país acatar dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), las cuales obligan al Estado a restituir tierras a dos comunidades indígenas.

Las sentencias, emitidas en 2006 y 2010, afectan a la comunidad Sawhoyamaxa, de la etnia énxet, y a la comunidad Xákmok Kásek, de la etnia sanapaná, ambas ubicadas en la región del Chaco, en la mitad occidental del país.

"Desprenderse de entre 12 y 15 millones de dólares en dos casos, considerando las necesidades del país, es algo que se nos escapa", aseguró Servín.

El funcionario hizo esas declaraciones en la sede del INDI poco antes de su reunión con líderes de los dos grupos indígenas afectados por las sentencias.

Para el presidente del INDI, estos dos casos "son importantes" pero "no son el ombligo del mundo", ya que la entidad "tiene otros casos antiguos de expropiaciones a pagar".

Aclaró que el INDI posee un remanente de 67.000 millones de guaraníes (unos 14 millones y medio de dólares) correspondientes al presupuesto de 2014, que son los que las comunidades indígenas solicitan que se utilicen para dar cumplimiento a las dos sentencias de la CorteIDH.

Ireneo Téllez, abogado de la asociación Tierraviva, que representa legalmente a los indígenas, dijo a Efe que se reclaman 34.000 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares) para acatar la sentencia que afecta a los Sawhoyamaxa.

Y cerca de 30.000 millones (casi 6 millones y medio de dólares) para cumplir con la sentencia favorable a los Xákmok Kásek.

En el caso de los Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo firmó en junio de este año una ley de expropiación a favor de la comunidad indígena de 14.404 hectáreas que eran propiedad del alemán Heribert Roedel.

Roedel no aceptó la decisión e interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que la Corte Suprema de Justicia rechazó a fines de septiembre.

El empresario prevé ahora solicitar una aclaratoria a la Corte, lo que podría ralentizar el proceso, reconoció el presidente del INDI.

"Si el propietario no quiere aceptar la indemnización por las buenas, vamos a tener que hacer un depósito en una cuenta judicial", explicó Servín.

Según Téllez, este "pago por consignación" se tendría que haber efectuado a partir de fines de septiembre, pero no se hizo, aclaró, "porque el INDI dijo en octubre que iba a dar prioridad al caso de Xákmok Kásek".

Sin embargo, en la reunión mantenida este lunes entre los líderes indígenas y el INDI, Servín se comprometió a dar prioridad al caso de los Sawhoyamaxa y postergar la resolución del de la comunidad Xákmok Kásek.

Gerardo Larrosa, líder de la comunidad Xákmok Kásek, criticó este cambio de postura y dijo a Efe que supone un "golpe bajo a las esperanzas de la comunidad".

Respecto a estos indígenas, el Estado paraguayo llegó a un acuerdo de compra con el propietario de los terrenos, ocupados hoy por la explotación ganadera Estancia Salazar, del estadounidense Roberto Eaton.

Según ese acuerdo, el INDI debe ahora tramitar la compra de 7.701 hectáreas del total de 10.700 que deben restituirse a los Xákmok Kásek.

Si la operación se retrasa, los indígenas temen que Eaton retire su oferta de compra, y "los trámites sean más duros, porque se tenga que expropiar", señaló Larrosa.

Además de las sentencias que afectan a los Sawhoyamaxa y a los Xákmok Kásek, Paraguay tiene pendiente desde 2005 una orden de la CorteIDH que obliga a permitir el acceso libre a sus tierras a la comunidad indígena Yakye Axa, del grupo étnico énxet.