Parlamento aprueba posponer sistema penal acusatorio en parte de Panamá

Panamá, 4 mar.- La Asamblea Nacional de Panamá aprobó hoy en tercer y último debate una ley que pospone dos años la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en cinco provincias y cinco comarcas del país por "falta de recursos".

En un boletín de prensa, el parlamento da cuenta que la posposición se aprobó con el voto favorable de 38 diputados, el rechazo de 14 y ninguna abstención, el resto no estaba presente, de un total de 71 diputados.

La mayoría oficialista rechazó devolver el documento a segundo debate, como exigía la oposición, que cuestionó la supuesta "falta de recursos" para iniciarlo en los distritos Judiciales Primero y Tercero.

El Primer Distrito Judicial comprende las provincias de Panamá, Colón y Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Madugandi, Wargandí y Embera Wounaan 1 y 2 (oriente) y el Tercer Distrito Judicial las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé (occidente).

El sistema tiene que entrar en vigor el 2 de septiembre de 2013 en el Tercer Distrito Judicial y en el mismo día, pero de 2014, en el Primer Distrito Judicial, si es que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, veta la ley, sino, se pospondrá dos años su aplicación.

"Con respecto al Primer y Tercer Distrito Judicial, según el documento, urge el refuerzo de sus estructuras mediante una valoración de la situación de estos dos distritos judiciales, lo que obliga a reflexionar si todas las instituciones involucradas cuentan con los recursos para hacerle frente eficientemente a la implementación del Sistema Penal Acusatorio", indica la fuente.

Uno de los argumentos alegados para el retraso es la falta de equipo humano e infraestructuras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), cuya preparación debió empezar en 2009, luego de ser aprobada en 2008 la introducción del Sistema Penal Acusatorio en el Código Procesal Penal.

El Sistema comenzó a aplicarse en 2011 en el Segundo Distrito Judicial, provincias de Veraguas y Coclé, y 2012 en el Cuarto Distrito Judicial, Herrera y Los Santos, todas en el centro del país.

El Sistema busca dar agilidad a los juicios y garantías a las partes en un proceso penal oral, además de reducir la mora judicial y el hacinamiento carcelario producto de un sistema inquisitorial.

La reforma al Código Procesal Penal que introdujo este nuevo sistema implica una inversión millonaria en capacitación e infraestructura que no estará a tiempo, según el gobierno, que propuso su postergación en el resto del país.

Mientras tanto, el Colegio de Abogados y organizaciones de la sociedad civil le pidieron hoy a Martinelli una reunión para exponerle su oposición a retrasar la implementación del nuevo sistema.