Parlamento registra 48 aspirantes para integrar Corte de Cuentas salvadoreña

San Salvador, 17 jul.- El Parlamento de El Salvador registra al menos 48 aspirantes a integrar la nueva Corte de Cuentas de la República (CCR), cuyas tres elecciones han sido anuladas en los últimos meses por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informaron hoy fuentes legislativas.

De unos 70 profesionales inscritos en 2011 para la primera elección, 48 reiteraron sus aspiraciones de ocupar uno de los tres cargos de la CCR, durante el nuevo plazo que la Asamblea Legislativa habilitó entre el viernes y el lunes pasados.

Una subcomisión de diputados entrevistará esta semana a los 48 aspirantes y el proceso pasará luego a la Comisión Política y finalmente al pleno, que elegirá a los nuevos magistrados, explicaron las fuentes.

El Parlamento decidió la semana pasada elegir de nuevo a la CCR ante la acefalía en que cayó la institución por las sentencias de anulación dictadas por la Sala de lo Constitucional, según declaró a la prensa el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes.

Dicho tribunal anuló en enero, marzo y junio pasados las tres elecciones de la CCR hechas por la Asamblea Legislativa, la primera en 2011 y las otras dos este año.

El tribunal ha reiterado en sus sentencias que la Asamblea violentó varias disposiciones constitucionales, entre ellas la "honradez" y la "competencia notoria" que deben reunir los miembros de la CCR, así como que no tengan militancia partidaria.

En las tres ocasiones, el Parlamento eligió a Gregorio Sánchez y Javier Bernal como presidente y primer magistrado de la CCR, respectivamente, y en junio designó a Rony Huezo como segundo magistrado, en lugar de Silvia Aguilar, quien renunció.

Los fallos de la Sala de lo Constitucional son inapelables y, por tanto, no se puede acudir a ninguna otra instancia, según la Constitución salvadoreña.

Sánchez, Bernal y Huezo presentaron el jueves pasado sus renuncias ante el Parlamento.

El gremio de trabajadores de la CCR ha denunciado que la paralización del organismo ha afectado decenas de procesos de fiscalización, trámites administrativos y otras acciones.