Pastoral paraguaya acusa a empresa de incidentes en que murió un guardia

Asunción, 16 jun.- Activistas católicos acusaron hoy a la firma ganadera Laguna S.A. de atacar a una comunidad indígena del departamento paraguayo de Canindeyú, donde el domingo murió un guardia de seguridad privado y 14 personas resultaron heridas, y negaron a Efe que los nativos fueran los autores de esa muerte.

Según informó el domingo a Efe la Policía local, la versión de los guardias interrogados es que fueron agredidos por los indígenas y tuvieron que defenderse disparando balas de goma.

De acuerdo con esa fuente, la víctima falleció por un impacto de bala en la cabeza durante los incidentes, registrados en la hacienda de la empresa en el distrito de Corpus Christi, frontera con Brasil, donde varias familias indígenas se habían vuelto a instalar tras ser desalojadas en mayo.

La hermana Raquel Peralta, coordinadora de la Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que hoy se desplazó a Canindeyú, señaló que los nativos, unas 60 familias, aseguran que lo que se produjo fue un intento de desalojo violento por parte de la empresa y que para ello utilizó a unos 50 guardias privados de seguridad.

"Su versión es que poco antes del amanecer escucharon disparos y gritos de personas uniformadas que primero creyeron que eran policías. Cuando se acercaron, la mayoría, muchos mujeres y niños, comenzaron a huir hacía el monte", dijo Peralta.

Peralta desmintió que los indígenas tuvieran armas de fuego y añadió que ellos mismos han entregado hoy al fiscal encargado del caso varios casquillos de armas automáticas.

La Policía Nacional informó hoy en un comunicado que hay dos detenidos, uno de ellos un guardia de la empresa de seguridad privada LEO S.A.

El comunicado agregó que otro vigilante de seguridad que había sido tomado como rehén por los indígenas fue rescatado por agentes locales y denunció que había sido torturado por su captores.

Peralta negó las acusaciones de tortura y aseguró que hay tres nativos con heridas de bala internados en el hospital.

"Ellos no esperaban esa agresión. Niegan que tuvieran armas de fuego y por eso huyeron. Dicen que los guardias disparaban en todas las direcciones. También que patearon y golpearon a una mujer embarazada", señaló Peralta.

Los nativos, pertenecientes a la parcialidad Ava Guaraní, habían sido expulsados el 20 de mayo de esa hacienda, de unas 4.613 hectáreas, mediante un operativo policial que fue denunciado por la Pastoral Indígena.

Según el grupo, durante la operación policial se destruyeron más de 100 viviendas, templos y lugares sagrados de los indígenas.

Ocho días después, la empresa comunicó que los indígenas habían vuelto a ocupar la hacienda.

"Lo de ayer es diferente porque se produjo una acción propia de sicarios y paramilitares y sin la presencia del Estado. En esto momento hay mucha inseguridad y nerviosismo entre los indígenas porque temen que se repita la situación".

La empresa, de propiedad brasileña, sostiene que los indígenas ya cuentan con un territorio de 2.600 hectáreas que le fueron expropiadas anteriormente.