Peña Nieto acude a Suprema Corte por omisiones a reforma educativa en estados

México, 15 abr.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, interpuso cuatro controversias constitucionales ante la Suprema Corte con el objetivo de que las legislaciones estatales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora, se ajusten a la reforma educativa, informaron hoy fuentes oficiales.

El vocero del Gobierno, Eduardo Sánchez, y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, anunciaron en rueda de prensa que Peña Nieto interpuso ayer las controversias después de un análisis del Ejecutivo a las legislaciones que distintos Congresos estatales han emitido en materia educativa.

Dicho análisis, indicaron, tiene como propósito constatar que esas legislaciones se ajusten estrictamente a lo dispuesto por la reforma educativa aprobada por el Congreso federal y la mayoría de las legislaturas estatales, y promulgada por el presidente en febrero de 2013.

En el análisis se han detectado omisiones en los estados mencionados. En los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora se promovieron controversias constitucionales porque las legislaciones estatales invaden atribuciones federales o violan los contenidos de la reforma.

Castillejos explicó que respecto de Oaxaca, la controversia se basa en la omisión total del Legislativo estatal en el cumplimiento del mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente de armonizar la legislación a la reforma constitucional.

La Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la reforma a la Ley General de Educación, reglamentan la reforma constitucional en materia educativa y fueron promulgadas por Peña Nieto en septiembre de 2013.

"La intención es que, de considerar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicha controversia es fundada, se obligue al Legislativo estatal a emitir la legislación respectiva", afirmó Castillejos.

Señaló que "el proceso de análisis a las legislaciones locales continúa y se interpondrán todas las controversias constitucionales que sean necesarias para lograr que la legislación local esté en perfecta armonía con la reforma y con las leyes generales que de ella emanan".

Sánchez aseguró a su vez que con las controversias constitucionales se refrenda la determinación del Gobierno de hacer efectivo el mandato del Congreso federal y de la mayoría de las legislaturas estatales al aprobar la reforma educativa, "para que los niños de México se beneficien con una educación de calidad".

La reforma educativa, promulgada por Peña Nieto con apoyo de los principales partidos del país, es rechazada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durante varios meses se ha movilizado en varios estados y en la capital mexicana para exigir su derogación.

Entre los puntos de la reforma a los que se resiste la agrupación gremial está un sistema de evaluación profesional como vía para la contratación o promoción de maestros en las escuelas públicas, lo que pone fin a viejas prerrogativas como el otorgamiento de plazas con base en lealtades sindicales o desembolsos económicos.