Peña Nieto inicia tercer año con baja popularidad y desafíos en seguridad

México, 1 dic.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inició hoy su tercer año de mandato con su nivel más bajo de popularidad y el desafío de acabar con la violencia, la impunidad y la corrupción que prevalecen en el país.

El mandatario envió hoy al Congreso una iniciativa con las reformas constitucionales anunciadas el pasado jueves en materia de seguridad, en un intento por atajar la peor crisis que enfrenta desde que inició su mandato hace justo dos años por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

La aprobación a la gestión de Peña Nieto se desplomó de 50 a 39 % en el último cuatrimestre, el nivel más bajo registrado por un presidente desde el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) bajo un contexto de fuerte crisis económica.

El nivel de desaprobación pasó de 46 % a 58 % de agosto a la fecha, después de que hace dos años apenas alcanzaba el 30 %, según una encuesta publicada por el diario Reforma.

El 81 % de los ciudadanos calificó de muy mal o mal su labor en combate a la violencia, proporción que se situó en 72 % en cuanto a los esfuerzos para erradicar la corrupción, mientras 9 y 13 % consideraron buena o muy buena, respectivamente, su gestión en esas áreas.

Además de la desaparición de los estudiantes, su imagen se va visto perjudicada por la muerte de 22 civiles el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, central Estado de México, en lo que el Ejército dice que fue un enfrentamiento con criminales y testigos aseguran que fue una masacre.

Aunado a estos acontecimientos, el presidente hizo público su patrimonio personal en días recientes, en respuesta a la polémica sobre el origen de una lujosa mansión de su esposa, Angélica Rivera, que ha caldeado más los ánimos.

En un acto público celebrado en el suroriental estado de Chiapas, el gobernante dijo hoy que los mexicanos deben estar "orgullosos" del nuevo marco legal logrado con las reformas estructurales impulsadas por su Gobierno, si bien reconoció que "aún falta mucho por hacer".

"No estamos del todo satisfechos", dijo, y señaló que los cambios deben traducirse en condiciones de bienestar para los mexicanos, durante una jornada nacional de movilizaciones para exigir su renuncia y la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos hace dos meses a manos de policías corruptos y criminales en Iguala, en el estado de Guerrero.

Reiteró que ese caso Iguala "marca un antes y un después" y "exhibió las vulnerabilidades que tienen, particularmente, los Gobiernos municipales".

Por ello, confirmó que este lunes envió un proyecto de reformas a constitucionales para combatir la infiltración del crimen en las autoridades municipales, redefinir y dar claridad a todo el sistema de competencias en materia penal y crear corporaciones policiales únicas en las 32 entidades federativas del país.

La iniciativa prevé la disolución de municipios "cuando haya señales o sospecha clara y probada de que hay Gobiernos municipales" infiltrados por el crimen organizado, precisó.

Además, se eliminarán las más de 1.800 policías municipales, muchas de ellas infiltradas por las mafias, y se crearán 32 corporaciones con "mayor capacidad", "preparación" y "mejores niveles de ingreso para que no haya pretexto de por qué no cumplen en materia de seguridad", aseguró.

Los legisladores analizan la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones después del 15 de diciembre a fin de analizar las reformas, si bien varios partidos, como el conservador Acción Nacional, consideran que no son necesarios cambios a la Constitución para mejorar en materia de seguridad.

La nueva estrategia de seguridad anunciada la semana pasada por Peña Nieto también incluye un plan para impulsar el desarrollo del sur de México, que beneficiará a los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, que presentan altos niveles de pobreza y violencia.

En estas regiones se crearán zonas económicas especiales, habrá trato fiscal especial para productores del estado, un plan emergente de empleo temporal y créditos adicionales para las pequeñas y medianas empresas, entre otros.