Penalistas no aconsejan elevar las penas para luchar contra la corrupción

Madrid, 24 abr.- Los expertos en Derecho Penal que han comparecido hoy en el Congreso para proponer medidas anticorrupción en el plano penal han coincidido en que no es necesario elevar las penas para luchar contra lo que han llamado delitos de "cuello de blanco".

No obstante, el catedrático y profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico Gómez-Aller sí se ha mostrado partidario de alargar los plazos de prescripción de esos delitos.

También ha señalado que en materia procesal sí que hay "urgentes necesidades" debido a su "lentitud", por lo que ha aconsejado reformar la instrucción penal y dotarla de más medios.

A ese respecto, Javier Gómez Lanz, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas-Icade, se ha mostrado convencido de que la principal causa de que se alarguen los procesos de instrucción de los casos de corrupción es que los acusados no quieren "sentarse en el banquillo si no van a ser absueltos".

"Eso se consigue peleando mucho en la instrucción y por eso las instrucciones se están inflando", ha dicho este experto, convencido de que los presuntos corruptos persiguen que se archive su caso y así no ser juzgados.

Como herramienta "que podría ser muy útil" contra la financiación ilegal de los partidos políticos, el profesor Dopico ha propuesto extraer el delito de "falsedad contable" de la ley electoral, ampliarlo a los ingresos y gastos de los partidos e incluir en él no solo a los administradores de derecho, sino también al administrador de hecho.

Respecto a las donaciones, ha advertido de que lo fundamental no es detectar donaciones irregulares, sino "reprimir las instancias de flujos de dinero B en los partidos", por lo que ha incidido en hacer recaer la responsabilidad sobre los donantes.

El profesor Dopico ha pedido además a los legisladores que se "tomen en serio" la prohibición de pagos de cierta cuantía en metálico y que eviten el "penelopismo jurídico" que supone "introducir prohibiciones y mostrar a la vez el portillo para soslayarlas".

A su juicio, que se mantengan las donaciones a las fundaciones o que se puedan convalidar los pagos en metálico supone mostrar "atajos" para la financiación irregular, que ha comparado con instalar un arco de control de metales en un aeropuerto pero decir que los que quieran puedan pasar por una puerta distinta sin arco.

Este experto también ha opinado que la contabilidad de los partidos debe ser consolidada con las de sus fundaciones y que ha de abordarse una "revisión profunda del anonimato de los donantes anónimos, cuya identidad debe conocer en España una docena de personas", ha apuntado.

En cuanto a medidas no sancionadoras, ha pedido una reforma de la ley del indulto para impedir que se concedan a miembros del poder Ejecutivo y el comiso de ganancias a empresas que hayan obtenido beneficio por cohechos o tráfico de influencias.

Por su parte, el profesor Gómez Lanz ha subrayado, en una comparecencia muy técnica, que la corrupción no es un problema penal y que la justicia penal debe jugar un papel "preventivo", pero que ni debe ser instrumento principal de lucha contra la corrupción ni el incremento de penas es la solución.