Piden 16 años para la mujer que envió una bomba a director de prisiones

Barcelona, 10 sep.- El fiscal pide 16 años de prisión para la mujer que en octubre de 2009 envió un paquete bomba al entonces secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Albert Batlle, y que fue interceptado por los mossos antes de explotar.

La mujer fue detenida en Madrid poco después de los hechos y trasladada a Barcelona, donde permanece en una prisión de mujeres y donde el próximo miércoles será juzgada en la Audiencia Provincial.

En sus calificaciones provisionales, el fiscal considera que la acusada, Tamara H.H., remitió el paquete a Batlle por razón de su cargo, ya que la mujer pertenece al grupo Cruz Negra Anarquista, que protestaba en 2009 por la situación penitenciaria del preso Amadeu Casellas.

Casellas, veterano militante anarquista conocido por financiar luchas obreras y sociales con el dinero robado en varias entidades bancarias, estaba en prisión en el momento del envío del paquete bomba y había protagonizado entre rejas diversas huelgas de hambre.

La imputada envió desde una oficina de correos de Alcalá de Henares (Madrid) un paquete explosivo de fabricación casera con un sistema trampa de obertura de la tapa al lugar de trabajo de Albert Batlle, pero la sospecha de los equipos de seguridad de la Secretaría de Prisiones evitó que explotara.

Tras avisar al grupo de Tedax de los Mossos d'Esquadra, estos efectuaron una explosión controlada del paquete, que contenía 50 gramos de pólvora percloratada y aluminizada, indica el fiscal.

El paquete "contenía todos los elementos necesarios y dispuestos de forma que hubiese explotado en el momento en que se hubiese abierto la tapa de la caja de madera", se precisa en las calificaciones.

El Fiscal acusa a la imputada un delito de asesinato en grado de tentativa y con la concurrencia de alevosía, para el que pide doce años de prisión, y otros cuatro más por el delito de tenencia de explosivos.

También considera que los hechos son constitutivos de otro delito de atentado contra la autoridad, ya que Albert Batlle desempeñaba entonces el cargo de Secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil del departamento de Justicia de la Generalitat, del que fue cesado en enero de este año con el cambio de Gobierno catalán.