Presidente salvadoreño espera que EEUU valore reforma contra lavado de dinero

San Salvador, 17 jul.- El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, dijo hoy que espera que Estados Unidos valore el "consenso" que hubo en el Parlamento para aprobar las reformas a la ley contra el lavado de dinero, que ese país puso como condición para desembolsar ayuda millonaria a El Salvador.

Sin embargo, "no podemos estar sometidos a que nos estén determinando cómo vamos a legislar, porque también creo que es un acto soberano de un país, de legislar, y más cuando se tiene el consenso de todos los partidos", advirtió Sánchez Cerén en declaraciones a los periodistas después de una actividad oficial.

La Asamblea Legislativa salvadoreña, de 84 escaños, aprobó las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos el miércoles con el voto de los 72 diputados presentes en la plenaria.

Mediante las reformas, se incluyó al presidente del país y otros altos cargos del Estado, magistrados, fiscales, partidos políticos, medios de comunicación y empresas mixtas como ALBA Petróleos, entre diversas personas y sectores que estarán sujetos a ser investigados por el delito de lavado de dinero y activos.

Estados Unidos condicionó a estas reformas (y a otras de la ley de asocios público-privados, aprobadas hace varios meses) la firma del programa Fomilenio II, que supone la donación de 277 millones de dólares para proyectos de desarrollo en El Salvador, aprobado en septiembre de 2013.

Sánchez Cerén destacó que las reformas de la ley contra el lavado son producto de "una votación casi por unanimidad" de los 84 diputados, por lo que "tiene el consenso de la Asamblea".

"Esperamos que también la MCC (Corporación del Reto del Milenio, responsable del Fomilenio II) pueda analizar también la voluntad de todas las fuerzas políticas de este país de aprobar ese instrumento", subrayó el presidente salvadoreño.

Reconoció que, como han señalado algunos legisladores, en las reformas no se incluyó a los familiares más cercanos de las personas expuestas políticamente (PEP), como altos cargos públicos y políticos, entre las sujetas a investigación.

También la embajadora estadounidense en El Salvador, Mari Carmen Aponte, "me planteó esa preocupación" a través de una conversación telefónica, refirió.

"Pero hay ya convenios y tratados (de los que El Salvador es parte) que sí los incluyen", argumentó el gobernante.

Asimismo, indicó que analizará las reformas con el equipo jurídico de la Presidencia para decidir si las sanciona o les hace observaciones.