Primer paso de la segunda fase del diálogo Gobierno-FARC ya es una realidad

Bogotá, 18 oct.- El Gobierno de Colombia y las FARC dieron hoy un paso hacia la paz con la inauguración en Oslo de una mesa de diálogo, tal como prevé el acuerdo para superar el conflicto interno que ambas partes firmaron a finales del pasado agosto en La Habana.

El llamado "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", de poco más de cinco folios y seis puntos, fue suscrito el 26 de agosto de 2012 en la capital cubana al cabo de seis meses de "conversaciones exploratorias" llevadas en secreto.

Fue firmado por representantes del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ante representantes del Ejecutivo de Cuba, país que acogerá las negociaciones después de su inauguración en la capital noruega.

La próxima cita será en La Habana el 5 de noviembre para una reunión preparatoria y el 15 comenzará la negociación propiamente dicha, según se anunció hoy en Oslo.

Por el acuerdo de La Habana, ambas partes se comprometieron a abrir unas "conversaciones directas e ininterrumpidas", bajo "la decisión mutua de poner fin al conflicto" colombiano, de casi medio siglo de existencia.

Los gobiernos de Cuba y Noruega ejercieron como garantes de las "conversaciones exploratorias", que contaron con los de Chile y Venezuela como acompañantes. Los cuatro seguirán con la misma condición en las etapas siguientes del proceso.

La etapa que hoy comenzó se considera la segunda de un proceso que es el tercero de carácter formal que las FARC asumen con el Estado colombiano, con el que se sentaron a la mesa de negociación de 1984 a 1985, y de 1999 a 2002, en ambos casos sin el resultado esperado.

Durante la segunda fase, el Gobierno y FARC abordarán una agenda de seis apartados, que comenzará por la parte de "política de desarrollo agrario integral", una cuestión muy importante en un país donde los casos de campesinos que son despojados de sus tierras son constantes.

El presidente Santos abonó el terreno con la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en vigor desde enero, y con una propuesta de Ley de Desarrollo Rural que se debate en el Congreso y que comprende desde la asistencia técnica a campesinos y concesión de créditos hasta adecuación de terrenos.

El siguiente punto en discusión será el de la "participación política" de los guerrilleros de las FARC, que según fuentes militares son unos 8.500, una vez alcanzada la paz.

Este asunto necesariamente llevará a recordar la experiencia de la Unión Patriótica (UP), el partido izquierdista creado en 1985 en virtud de un fracasado diálogo de las FARC con el Ejecutivo de Belisario Betancur y que fue casi que exterminado con la muerte o desaparición de más de 4.000 de sus dirigentes y simpatizantes.

Una campaña atribuida a paramilitares y a agentes del Estado que las FARC, en actividad desde 1964, han tomado como argumento para mantenerse en armas.

En el acuerdo de agosto, las partes dejaron los apartados de "solución al problema de las drogas ilícitas" y de "víctimas" para negociarlos después de que hayan superado el "fin de conflicto".

Las negociaciones de este punto serán un "proceso integral y simultáneo" en el que el Gobierno y las FARC asumirán cuestiones trascendentales como las de "cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo", sobre el que ambos llegaron con discrepancias a esta instancia.

Los insurgentes pidieron la declaración previa de un alto el fuego conjunto en la guerra, pero el presidente Santos se ha mantenido firme que las fuerzas de seguridad únicamente suspenderán sus operaciones una vez que se firme un acuerdo final de paz.

El apartado de "fin del conflicto" también incluye el asunto de la "dejación de armas", que en términos literales del acuerdo comprende la "reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses".

La mesa cerrará sus conversaciones con el apartado de "implementación, verificación y refrendación", que será su última fase, a partir de un acuerdo final y con consensos sobre acompañamiento internacional o presupuesto, y sobre mecanismos par hacer seguimientos y vigilar el cumplimiento de los compromisos.

Meses, no años, ha sido el tiempo que el presidente colombiano ha fijado para llegar a esta meta, que los insurgentes esperan alcanzar sin plazos perentorios.

La otra guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, con unos 2.500 combatientes y que también ha negociado varias veces con el Gobierno pero sin resultado, ha manifestado su voluntad de sumarse al proceso actual.