Procesados por el crimen de la empresaria de Sabiñánigo niegan su implicación

Zaragoza, 26 mar.- Los dos procesados por el secuestro y asesinato de María Pilar Blasco, una empresaria de Sabiñánigo (Huesca) cuyo cadáver fue hallado en junio de 2008 sumergido en un canal próximo a la población, han negado hoy su implicación en el crimen, así como una supuesta relación de complicidad entre ambos.

En el juicio que se ha iniciado hoy en la Audiencia de Huesca por estos hechos, los dos acusados, un constructor de Sabiñánigo y un ciudadano rumano que actuó, presuntamente, como cómplice, han rechazado haberse puesto de acuerdo para llevar a cabo el secuestro y repartirse el rescate.

El primero en declarar ante el tribunal ha sido el empresario de Sabiñánigo procesado, Francisco Javier P.H., quien en sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil y el juez instructor admitió su participación junto a unas personas de nacionalidad rumana en un complot para secuestrar a la fallecida.

En su relato hoy ante el tribunal oscense, el empresario ha negado su implicación en los hechos y ha responsabilizado de sus primeras manifestaciones incriminatorias a uno de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación del caso, a quien ha acusado de inducir su testimonio y de engañarle con la promesa de salir libre.

Su testimonio ha sido cuestionado por los representantes de la fiscalía, Felipe Zazurca, y de la acusación particular, el letrado zaragozano Enrique Trebolle.

A juicio de ambos acusadores, Francisco Javier P.J., planeó secuestrar a la empresaria y pedir un rescate a la familia, con la que mantenía una elevada deuda, porque atravesaba una "difícil" situación económica.

Según ha relatado, cuando fue secuestrada la empresaria, sobre las 15.15 horas del 10 de junio de 2008, estaba comiendo en un bar de la localidad y posteriormente, tras pasar unas horas en su casa, se dirigió a Jaca, en torno a las 17.30 horas, para ver un partido de fútbol en compañía de unos amigos.

Las acusaciones le han recordado que en las primeras declaraciones que hizo ante el juez para desdecirse de su primer testimonio incriminatorio aseguró que el día de los hechos se encontraba en un huerto de su propiedad con dos hermanos amigos suyos, y que éstos no confirmaron su coartada.

El empresario ha asegurado desconocer por qué había en un coche de su propiedad la misma tierra con la que fueron llenados los sacos empleados para sumergir a la víctima en el canal.

Ha rechazado, además, ser el autor del fax enviado desde un locutorio de Zaragoza a la familia de la víctima, dos días después del crimen, cuando la empresaria ya estaba muerta, para exigir un rescate.

El procesado, sin embargo, fue captado por la cámara del locutorio en el exterior del establecimiento, una situación que él ha atribuido a la casualidad ya que, según ha afirmado, solía moverse por esa zona en sus continuos viajes a Zaragoza para realizar gestiones.

También ha asegurado desconocer los motivos por los que el original del fax enviado a la familia de la empresaria fue localizado en el interior del turismo que solía emplear para sus desplazamientos.

Francisco Javier P.J. no ha incriminado en sus declaraciones a su supuesto cómplice, aunque ha afirmado que él y otras personas de su misma nacionalidad le amenazaron en diversas ocasiones con el fin de que les cediera un garaje de su propiedad próximo al domicilio de la empresaria para "guardar unos muebles".

Este testimonio ha sido rechazado por el segundo acusado, Claudio T., quien ha asegurado desconocer los motivos por los que el empresario le había implicado en el crimen.

Claudio T, que se ha encarado con el otro procesado para inquirirle por los motivos que le habían llevado a incriminarle, viajó a Rumanía el 16 de junio, el mismo día de la detención del empresario, pero regresó al recibir una llamada de la Guardia Civil en la que se pedía su colaboración para el esclarecimiento del crimen.

Las acusaciones responsabilizan a ambos acusados de presuntos delitos de asesinato, secuestro y robo, por los que piden condenas de 25, 10 y 5 años de prisión, respectivamente, así como una indemnización a los familiares de la víctima entre 250.000 y 300.000 euros.