Procesan en Chile a exagentes por torturas y homicidio de ciudadano español

Santiago de Chile, 7 jun.- Un juez especial chileno procesó a un exoficial de la Marina y a un funcionario de Carabineros también retirado como presuntos autores de los delitos de torturas y homicidio del ciudadano español Enrique López Olmedo, cometidos en noviembre de 1977 en el puerto chileno de Valparaíso.

Los procesados por el juez especial Jaime Arancibia son el exoficial de la Armada Alberto Badilla Grillo y el excarabinero Pedro Alcayaga Zúñiga, miembros del CIRE, un grupo represor de la Marina que operaba en ese puerto, a 120 kilómetros al oeste de Santiago.

López Olmedo, de 35 años y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo que luchó con las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet, fue detenido el 11 de noviembre de 1977 al llegar al domicilio de un familiar en el sector de Playa Ancha, de ese puerto, sin saber que había agentes emboscados en el mismo.

Tras ser reducido, López Olmedo fue atado a una silla y con la vista vendada fue interrogado y torturado durante tres horas por sus captores, que posteriormente lo sacan de la casa y lo acribillan a tiros.

Los agentes trasladaron a la víctima, que era miembro suplente del Comité Central del MIR, hasta el Hospital Naval, al que ingresó fallecido a causa de una anemia aguda.

La versión oficial de la dictadura sobre el incidente señaló que López Olmedo había opuesto resistencia a balazos a su arresto y que los agentes habían actuado en defensa propia.

La llamada Comisión Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), consignó en su informe haber llegado a la convicción de que Enrique López Olmedo "fue ejecutado por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos".

Enrique López Olmedo, según organismos de derechos humanos, fue un dirigente cristiano de la resistencia contra la dictadura y un destacado dirigente del MIR.

Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas fueron ejecutadas por agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otras 33.000 fueron encarceladas y torturadas por su oposición al régimen.