El propietario de Sacresa confiesa que pagó un soborno de cuatro millones de euros por los solares de Can Domenge

El propietario de la mercantil Sacresa, Román Sanahúja, ha confesado ante el tribunal del jurado que su empresa pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la adjudicación de los solares palmesanos de Can Domenge por parte del Consell de Mallorca, tras acceder a la exigencia del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal.

Durante su interrogatorio como acusado durante el juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares por el presunto pago de la anterior dádiva, el empresario ha recordado que el pago se realizó en dos entregas de dos millones de euros en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del concurso y la segunda unos meses después. Más, en concreto, en dos lugares públicos de Mallorca y a través de un intermediario designado por Nadal.

Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. Además de los cuatro millones de euros del soborno, ha recordado que Sacresa tuvo que pagar tres millones de indemnización al Consell por el perjuicio sufrido por las irregularidades de la adjudicación.

A preguntas de su abogado, el empresario se ha mostrado "arrepentido de haber entrado en este juego", si bien ha recalcado que no fue el único puesto que se trataba de "algo frecuente".

Se da la circunstancia de que antes del juicio celebrado a mediados de 2013 por la propia venta de los solares, la defensa de Sanahúja presentó un escrito en el que apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio -Sacresa era la empresa mejor posicionada en el concurso- "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo".

Y ello a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

En el documento, el acusado aseguraba desconocer el reparto final del dinero, si bien insiste en que el soborno fue solicitado y entregado por el intermediario elegido por el exvicepresidente insular. Además, reconocía "el grave error cometido" al acceder a pagar los cuatro millones de euros.

Sanahúja se enfrenta a una petición, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de 63.750 euros en multas.

La acusación también se dirigen contra la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar -para quien la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel y una multa de siete millones de euros-; el exvicepresidente insular Miquel Nadal -un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-.

Del mismo modo, el fiscal Juan Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva -los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs-.

Todos los acusados han confesado su intervención en los hechos. En el caso de la expresidenta de la extinta UM -la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas-, ésta solicitaba inicialmente su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue "completamente ajena".