EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A RATIFICAR “EN UN PLAZO RAZONABLE” EL CONVENIO DE LA OIT SOBRE TRABAJADORES DOMÉSTICOS

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la proposición no de ley por la que insta al Gobierno a ratificar “en un plazo razonable” el convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la recomendación número 201 sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos.
La proposición llegó al Pleno de la Cámara Baja tras incorporar una enmienda consensuada con todos los grupos parlamentarios en la que establecía ese “plazo razonable” y encargaba al Ejecutivo a “adaptar la legislación española en el sentido que regulan los citados textos". El PP se abstuvo, por lo que la iniciativa fue finalmente aprobada con 224 votos a favor, 114 abstenciones y uno en contra.
El texto de la proposición tacha de “incomprensible” que el Gobierno “no ratifique un convenio dirigido a dignificar el trabajo del servicio doméstico a no ser que quiera retroceder en el reconocimiento de derechos de este sector, que a nivel estatal ocupa a 427.000 personas, principalmente mujeres”.
En la defensa de la proposición no de ley, la diputada de Podemos Aina Vidal aseveró que ratificar este convenio y la recomendación de la OIT “es una cuestión de derechos humanos y de dignidad de las mujeres”.
Fueron numerosas las enmiendas presentadas a esta proposición, aunque Podemos aceptó la de Foro, que establece un plazo de un año para que España ratifique estos textos, y la de Democràcia i Llibertat (DiL), que demanda un análisis sobre el impacto de la última reforma del trabajo doméstico sobre la afiliación de estos empleados, ya que considera que “sigue habiendo mucha economía sumergida en el sector”.
Por su parte, rechazó el resto de enmiendas como la del PP que retrasaba la ratificación del convenio hasta que se garantice que “no perjudicará al mercado de trabajo ni a los trabajadores”.
En este sentido, el diputado popular José Ignacio Echániz sostuvo que la no ratificación “no es un capricho”, sino que sólo se debe dar cuando “sea compatible en todos sus extremos con nuestro ordenamiento jurídico”.