Rato. Anticorrupción formaliza el recurso contra la inhibición del juzgado 31 de madrid en el 'caso rato'

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid recurso de apelación contra el auto de inhibición de este juzgado a favor del Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional por el denominado ‘caso Rato’. El recurso de apelación lo resolverá la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía anunció ayer su decisión de recurrir lo acordado por el juzgado de Madrid para inhibirse a favor de la Audiencia Nacional en la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, al no ver vínculos con el 'caso Bankia'. Mientras se resuelve el recurso, el Juzgado 31 de Madrid continúa la tramitación del procedimiento, puesto que el auto de inhibición no tiene carácter suspensivo.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, lo ha anunció ayer en Barcelona, donde asistió a una reunión con los miembros de la Fiscalía Provincial de Barcelona y de la Fiscalía Superior de Cataluña, para analizar sus necesidades materiales y de personal.
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, donde recayó por reparto el pasado viernes la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Rodrigo Rato, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.
De este modo, la causa estaba destinada a ser competencia del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Fernando Andreu, que ya no tendrá que decidir sobre su competencia, dada la oposición de la Fiscalía.
El Ministerio Público considera que el juez de Madrid se precipitó al inhibirse, puesto que el caso estuvo en sus manos sólo por espacio de unas horas. Fuentes de la Fiscalía aseguran que por el momento no hay indicios de conexidad entre los delitos contenidos en la denuncia y los que investiga el juez Andreu.
En el decreto de tres folios dictado ayer por la Fiscalía General del Estado se asignaba a Anticorrupción la atribución de la competencia para hacerse con el caso, en detrimento de la Fiscalía de Madrid, que fue la que actuó en los registros de la vivienda y el despacho de Rato de la pasada semana.
El decreto justificaba la atribución de la competencia a Anticorrupción en el argumento de que el caso "se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato".