Rato aporta un aval de tres millones para cubrir la fianza por el uso de las 'tarjetas B'

El expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato ha aportado en la Audiencia Nacional un aval de Banco Sabadell por valor de tres millones de euros para cubrir la responsabilidad civil que le impuso el juez Fernando Andreu, al considerar que podría haber cometido un delito continuado de administración desleal por el uso de las 'tarjetas B' opacas al fisco que tenían 86 exconsejeros de estas entidades, informaron fuentes jurídicas.

La defensa del exvicepresidente del Gobierno ha aportado el aval en el registro de la Audiencia Nacional antes de que se cerrara el plazo de tres días que le impuso el pasado jueves el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 tras tomarle declaración como imputado junto al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj.

El juez señalaba en su auto que Rato y Blesahabrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso de las 'tarjetas B', que supusieron un coste de 12,5 millones de euros durante el mandato de Blesa (de 1996 a enero 2010) y de 2,6 millones durante la etapa de Rato al frente de la caja madrileña (entre enero de 2010 y mayo 2012).

Andreu aclaró este martes a Rato que ya ha descontado la cantidad de 197.459 euros, correspondiente al montante que él y otros tres exdirectivos devolvieron el pasado mes de julio a Bankia, por lo que la fianza sólo acepta a los gastos que se cargaron en Caja Madrid.Blesa, cerca del embargo

Además de los tres millones de euros para Rato, el juez impuso una fianza por responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa, que intentó que la aseguradora de Caja Madrid, Mapfre, se hiciera cargo de este aval. En el caso de que no se depositara, el juez acordaría el embargo de sus bienes por esta cuantía.

Cuando se depositen los avales bancarios, el secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 4 citará a la entidad o persona que haya prestado el aval, de conformidad con lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 589 de esta norma obliga también a citar al afectado en persona para que aporte su lista de bienes y especifique los que desea que deben cubrir la fianza.

De igual modo, el secretario judicial apercibirá de las sanciones que podrían imponerse al imputado, cuando menos por un delito de desobediencia grave, si no presenta la lista de bienes al juzgado o incluye algunos que no sean de su propiedad o susceptibles de embargo.

De forma paralela, el juzgado acudirá al Punto Neutro Judicial y a la Unidad de Policía Judicial para acceder a la información patrimonial de los embargados y recabar sus datos bancarios, catastrales y de la Seguridad Social.

Las fianzas, que fueron impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25% que establece la ley.Declaración ante el juez Andreu

El expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato afirmó en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que las 'tarjetas B' existieron desde los años 90 en la caja de ahorros para cubrir "gastos personales" de los consejeros y directivos y que él no tomó ninguna decisión sobre esta materia porque no fue un tema "problemático" objeto de "preocupación" por los órganos de la entidad.

Así consta en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el que fuera máximo responsable de Caja Madrid entre 2010 y 2012 hasta ser nombrado presidente de Bankia prestó el pasado jueves en calidad de imputado en el marco de la pieza separada en la que Andreu investiga el uso irregular de este medio de pago.

Rato aseguró que el entonces director financiero en Caja Madrid, Idelfonso Sánchez Barcoj, le entregó dos tarjetas, una para gastos de representación y otra para "gastos particulares", cuyos límites estaban ya establecidos . "Yo entiendo que está englobada en mi remuneración y es, por lo tanto, de uso personal", dijo.

Según interpretó, se trataba de "un instrumento de pago de las retribuciones y tenía que estar sometido a la fiscalidad de cualquier retribución". "Entiendo claramente que es una parte de mi retribución, no un incremento", ha remachado.

El imputado reconoció que no le explicaron los criterios tenidos en cuenta a la hora de fijar el límite máximo de estas tarjetas y añadió que "nunca" los revisó ni renovó. Según dijo, no tomó ninguna decisión sobre el régimen de estos plásticos ni cuando entró en Caja Madrid ni cuando pasó a Bankia porque "no fue objeto de ninguna preocupación" por la dirección de medios, la dirección tributaria, la secretaria general, la dirección financiera ni ningún miembro del Consejo.

"Eran tarjetas personales que a lo largo de diez o quince años existieron pero habrán existido varias decenas, eran tarjetas conocidas, emitidas y suscritas por la entidad con la firma visa, una firma internacional en contratos tipo", dijo, para incidir en que nunca apareció como un tema "problemático" en las reuniones mantenidas sobre la fusión o salida a Bolsa de la entidad y admitir que "esta peculiaridad de Caja Madrid no existía en otras cajas".