Dos horas ha tardado el Gobierno en responder al anuncio de la Generalitat, que ha fijado en la mañana de este viernes fecha y pregunta para el referéndum independentista. Desde el Ejecutivo recuerdan, una vez más, que su obligación es hacer cumplir la ley, sin desvelar qué medidas tomarán si se celebra finalmente la consulta anunciada para el 1 de octubre.
La respuesta llega después de una intensa reunión del Consejo de Ministros. Rajoy ha tenido encerrado a su gabinete dos horas y media, un tiempo superior al habitual en el caso de estos encuentros del Presidente con sus ministros que se celebran los viernes.
Ha sido Iñigo Méndez de Vigo, el ministro portavoz, quien ha dado respuesta al desafío catalán también de forma verbal, repitiendo lo que ha hecho la cúpula de la Generalitat. En esta ocasión la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha mantenido al margen. El también titular de Educación ha afirmado que es "un nuevo paso de una estrategia que no conduce a ninguna parte", una "escenificación dirigida por los promotores del desafío" que demuestra su "soledad" y "aislamiento".
"Cada vez son menos" y "solo están ya los más radicales", ha añadido Méndez de Vigo. Además, ha destacado que en opinión del Ejecutivo "han fracasado todos los intentos de encontrar nuevos aliados". Se ha referido en este sentido al clausurado Pacto Nacional por el Referéndum, al portazo de la Convención de Venecia y a la tensión en Junts pel Sí tras el caso Gordó.
"El Gobierno recuerda su obligación de cumplir la ley, proteger los derechos de todos y respectar la neutralidad de los funcionarios catalanes", ha destacado el portavoz del Ejecutivo que también ha criticado que Puigdemont y Junqueras hayan elegido la sede del Gobierno catalán, el Palau de la Generalitat, para realizar el anuncio del referéndum: "No tienen respeto a la neutralidad política de todos los catalanes", ha destacado.
Sobre la celebración de la consulta, Méndez de Vigo ha afirmado que "es un acto contrario a la ley" y que, por tanto, si se celebra, "tendrá las correspondientes consecuencias legales". "Será recurrido como lo han sido todos los intentos" anteriores, en referencia al 9-N. El Gobierno no ha hablado de medidas coercitivas ni ha aludido al artículo 155 de la Constitución.
Se trata, en definitiva, de meras palabras. No hay convocatoria por escrito, ni ningún paso adicional de la Generalitat. Solo un anuncio verbal al que el Gobierno solo puede responder con avisos de que no se va a infringir la ley. Cuando Puigdemont y Junqueras den algún paso, los mecanismos están preparados para acudir al Tribunal Constitucional.
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