Relatoría prensa de CIDH alerta de impunidad de crímenes contra periodistas

  • La Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH alertó hoy sobre el "sensible aumento" de la violencia contra periodistas en América y la "preocupante impunidad" de esos delitos y urgió a los Gobiernos a derogar el delito de desacato y otras medidas penales contra la prensa.

Washington, 3 may.- La Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH alertó hoy sobre el "sensible aumento" de la violencia contra periodistas en América y la "preocupante impunidad" de esos delitos y urgió a los Gobiernos a derogar el delito de desacato y otras medidas penales contra la prensa.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la relatoría encargada de esa área dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Gobiernos de toda la región a "tomar todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad de los crímenes" contra periodistas.

"Sin una prensa plural, vigorosa, libre e independiente, los abusos de poder quedan silenciados y se fomenta el arraigo de sistemas autoritarios", advirtió en un comunicado la oficina dirigida por la colombiana Catalina Botero.

La Relatoría recordó el "sensible aumento, en los últimos años, de la violencia contra las y los periodistas, asociada al ejercicio de su profesión y el preocupante estado de impunidad de dichos crímenes".

En 2012 fueron asesinados al menos 26 periodistas en toda la región y varios más desaparecieron o fueron desplazados de su lugar de trabajo, según el informe anual que publicó a mediados de abril la propia Relatoría.

Por tanto, el órgano instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a "realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social", además de juzgar y condenar a los responsables y reparar a las víctimas.

Urgió también a "derogar el delito de desacato y promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público sobre funcionarios públicos o sobre candidatos" a serlo.

En la misma línea, pidió "evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos", incluido mediante el uso de los medios estatales.

Solicitó, además, mejorar los mecanismos de prevención de la violencia y adoptar "medidas eficaces de protección" para quienes se exponen "a un riesgo especial" de violencia relacionada con la libertad de expresión.

El informe anual de la relatoría destacó en abril que Cuba es "el único país de las Américas donde se puede afirmar que no se garantiza de ninguna manera el derecho a la libertad de expresión", y que en México fueron asesinados al menos ocho periodistas o fotógrafos el pasado año.

Subrayó además el ambiente de inseguridad en la que trabajan muchos periodistas en Colombia y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe "se ha caracterizado por hacer constantes declaraciones públicas que estigmatizan a los periodistas independientes, y a sus críticos y opositores" y pueden "aumentar el riesgo" para sus vidas.

Sobre Argentina señaló que en 2012 se cometieron "graves amenazas y agresiones en contra de periodistas y comunicadores sociales", y destacó el "impacto negativo" que tiene la falta de "espacio para preguntas" en muchas de las ruedas de prensa con autoridades.

En el apartado de Venezuela, la CIDH expresó su preocupación por "las agresiones reportadas contra medios y periodistas" y "la falta de investigaciones y sanciones a los responsables"; y lamentó también varios informes de asesinatos en Brasil.

En cuanto a Ecuador, indicó que "algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas", o Código de la Democracia, publicada en febrero de 2012, "podrían resultar en limitaciones desproporcionadas a la libertad de expresión durante los procesos electorales".

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