Renovación sistema judicial genera más críticas que satisfacción en Guatemala

Guatemala, 20 nov.- La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de validar la renovación del sistema judicial de Guatemala tras la cuestionada elección de 223 jueces, fue recibida hoy entre satisfacciones políticas y el rechazo de activistas locales e internacionales.

Con el voto favorable de 3 de los 5 magistrados que integran la CC, la selección y posterior elección de los jueces quedó en firme al ser revocado un amparo provisional que mantenía en suspenso ese proceso desde el pasado 9 de octubre.

El presidente de la máxima instancia jurídica de Guatemala, Roberto Molina Barreto, explicó en rueda de prensa ayer que las acciones fueron rechazadas porque no contenían "argumentos contundentes" en contra del proceso y que las pruebas presentadas "no convencieron" a tres de los cinco magistrados.

En declaraciones a Efe, Mirte Postema, de la Fundación para el Debido Proceso de Estados Unidos (DPLF, por su sigla en inglés) dijo que la decisión de la CC "es un desastre para el Estado de Derecho y la independencia judicial".

"Al dar su visto bueno a estos procesos de selección tan viciados, la CC avala la influencia de los poderes fácticos en el sistema de justicia de Guatemala", lamentó.

Postema, quien la semana pasada había pedido a la Corte de Constitucionalidad que se repitiera el proceso de selección y elección de magistrados de la Corte Suprema y Salas de Apelaciones, aseguró que no se evaluaron las capacidades ni la honorabilidad de los candidatos que fueron elegidos.

"Esto significa que los magistrados electos carecen de legitimidad y la decisión de la CC crea una grave crisis en el sistema de justicia, y subraya la necesidad de hacer reformas profundas", advirtió.

La activista humanitaria Helen Mack, dirigente de una de las cinco organizaciones que se querellaron contra la elección de los jueces, expresó hoy su frustración por la resolución judicial.

"Hubo vicios en el proceso de selección porque no se tomaron en consideración aspectos como la honorabilidad, ética y capacidad profesional de los candidatos", sostuvo Mach en un programa radial.

Por el contrario, el presidente del Congreso, Arístides Crespo, del gobernante Partido Patriota, comentó a periodistas que la resolución de la CC demuestra que los diputados actuaron en el marco de la legalidad al elegir a los magistrados.

El político dijo que hasta hoy el Organismo Legislativo aún no ha recibido la notificación, pero que tienen de plazo hasta el próximo lunes para juramentar a los nuevos operadores de justicia.

Los magistrados debieron tomar posesión el pasado 13 de octubre para un periodo de cinco años.

Uno de los magistrados electos, Vladimir Aguilar, expresó que está satisfecho por la resolución porque "restaura el orden constitucional y la institucionalidad en el país".

En declaraciones a la prensa local, Aguilar, quien es el actual Procurador General de la Nación, dijo que la transparencia para una justicia independiente, pronta y cumplida y garantizar su acceso a la niñez y a las mujeres, será la estrategia de la nueva Corte Suprema.

Mientras, el portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Diego Álvarez, dijo a Efe que respetan la decisión adoptada por la CC.

"En la Cicig hemos seguido de cerca el proceso de las comisiones de postulación y destacamos la amplia discusión que se dio en el proceso", señaló.

Álvarez agregó que la institución que preside el colombiano Iván Velásquez insiste en la necesidad de introducir cambios "profundos" en el sistema judicial guatemalteco.

Anunció que con ese mismo, el próximo miércoles la Cicig convocará a un diálogo nacional a todos los sectores para que sean los mismos guatemaltecos quienes analicen y planteen las propuestas para reformar la justicia en el país y continuar la lucha contra la impunidad.

El organismo ha recopilado ya más de 200 documentos relacionados con la temática de justicia en Guatemala elaborados entre 1996 y 2014, así como entrevistas con actores clave que serán propuestos para la modernización judicial.