Rubio Llorente: "Pedir el indulto es una indecencia"

  • El expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente afirma que pedir el indulto al Gobierno es "una indecencia", aunque dada su existencia defiende que "sería bueno" que se regularizase más para así poder justificar y argumentar mejor el uso del derecho de gracia.

Rafael Martínez

Madrid, 29 dic.- El expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente afirma que pedir el indulto al Gobierno es "una indecencia", aunque dada su existencia defiende que "sería bueno" que se regularizase más para así poder justificar y argumentar mejor el uso del derecho de gracia.

En una entrevista con Efe, Rubio Llorente sostiene que entiende que las personas se agarren a la petición de indulto como la última opción de evitar la cárcel pero expresa su temor a que el Gobierno pueda seguir algún día una política general de indultos.

De esta forma se muestra partidario de reformar el régimen legal del indulto para que los procesos susceptibles de aplicar esta medida sean lo más riguroso posible, si bien considera que "pedir el indulto es una indecencia".

El debate sobre esta medida de gracia se ha reabierto tras la recientes peticiones del expresidente de Baleares y exministro Jaume Matas y del ex alcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, condenados a 9 meses por tráfico de influencias y a tres años por prevaricación continuada, respectivamente.

"Entiendo que la gente no quiera entrar en la cárcel y diga que como ha perdido todos los recursos pues mire a ver si el Gobierno le indulta", explica Rubio Llorente, si bien espera que el Ejecutivo no siga una política general del indultos. "Eso me parecería indecente", añade.

Su opinión es igual de desfavorable cuando es preguntado por el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, al advertir de la falta de garantías que tendrán los ciudadanos por incorporar al texto las faltas que, en su opinión, deberían permanecer en el Código Penal y no ser eliminadas de la reforma penal que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria.

"No me gusta esta ley", menciona Rubio Llorente. "Creo que no todo es tolerable y que hay que poner reglas al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, pero esas reglas deben estar más en el Código Penal que en la legislación administrativa".

El jurista, que fue magistrado del Tribunal Constitucional (1980- 1989) y vicepresidente de este órgano (1989-1992), subraya que "lo más grave" es que se hayan sacado estas faltas del Código Penal porque esta ley "da más garantías al ciudadano".

Tampoco es del agrado del expresidente del Consejo de Estado el proyecto de Ley de Seguridad Privada por las competencias que atribuye a los vigilantes de seguridad.

"Si un policía me detiene o me maltrata yo puedo actuar contra él como representante del poder público, si es amparado por sus superiores, estos tendrán que responder en el parlamento, pero ¿los superiores de los vigilantes tienen responsabilidad política ante el Parlamento?", inquiere Rubio Llorente.

El magistrado se ha referido a la seguridad de los ciudadanos como una responsabilidad fundamental del Estado, de ahí que resulte "muy peligroso delegar esa responsabilidad en empresas privadas".

Entre otros temas que despiertan interés en la opinión pública, Rubio Llorente ha respaldado la posición del Ejecutivo en relación con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que derogó la doctrina Parot, al asegurar que el dictamen era "sin ningún género de dudas" de obligado cumplimiento para el Estado.

Por ello, el jurista comparte también el papel que han asumido los tribunales sentenciadores en relación a las excarcelaciones de etarras, asesinos y violadores que se han producido en las últimas semanas.

"¿A qué tendrían que esperar?", responde cuando se le cuestiona sobre la celeridad de los tribunales a la hora de aplicar el fallo.

Por otra parte, Rubio Llorente se hace eco de las críticas de la opinión pública hacia el Tribunal Constitucional sobre una pérdida de prestigio del alto órgano.

"No es extraño que la gente piense así porque cuando se utiliza el tribunal sistemáticamente para resolver problemas políticos naturalmente se le hace un flaco favor", asegura el magistrado que, sin pronunciarse sobre la situación actual, opina que en su época el TC era "absolutamente independiente".

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