A finales de junio, el presidente de EEUU, Joe Biden, se desplazó por primera vez como jefe de la Casa Blanca a España para atender la cumbre de la OTAN. Allí, durante el vuelo hacia Madrid en el Air Force One, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, reunió a los periodistas presentes para informarles de la llegada de dos nuevos destructores a la Base Naval de Rota (Cádiz). Una noticia que confirmó horas más tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que añadió que se aprobaría "pronto". Tres meses y medio después, el desembarco de los navíos norteamericanos no recibe luz verde por parte de un Ejecutivo que aún tiene que aprobar las cuentas públicas y cuyos socios de coalición ya han expresado su rechazo al aumento de la presencial militar norteamericana en nuestro país.
De confirmarse la llegada de los dos nuevos destructores, la Base de Rota pasaría a albergar seis buques de guerra de EEUU. Los cuatro que están hoy amarrados en Cádiz son los navíos Ross, Roosevelt, Arleigh Burke y Porter. Según confirman a este periódico fuentes de la Armada y de la empresa pública Navantia la llegada de los dos nuevos navíos "es una cuestión que tiene que proponerlo el Gobierno y aprobarlo, más tarde, en el Congreso".
Una decisión que se retrasa y que dista de la actuación llevada a cabo por el gobierno de Rajoy cuando aprobó en 2012 la llegada de los cuatro destructores. Así, el desembarco de estos se aprobó en el Consejo de Ministros días antes de firmar el acuerdo con el entonces secretario de Estado de Defensa de EEUU, Leon Panetta. Además, una semana después, se convocó una comisión para que comparecieran de forma simultánea los ministros de Defensa y de Exteriores para explicar todos los detalles.
El 'gigante' público Navantia es uno de los más interesados en la llegada de los dos nuevos buques de guerra. La razón, según explican fuentes sindicales de Cádiz, es que traerá "más trabajo a la bahía y se generará más empleo". Los contratos de reparación y mantenimiento de los destructores los lograría el gigante público Navantia, pero de estos se nutrirían decenas de empresas que tiene subcontratadas.
En su momento, Robles respondió asegurando que no tenía "ninguna duda" de que la reforma del convenio de defensa con Estados Unidos superaría el trámite parlamentario. "Es bueno para la seguridad no solo de los miembros de la Alianza sino la seguridad en el mundo, estamos convencidos de que esto es una política de Estado con mayúsculas".
Pero la convalidación en el Congreso no contará, en principio, con el apoyo de sus socios. "En cualquier incremento militar siempre nos tendrán en contra", comentan fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña. Una posición que comparten otros socios habituales del Ejecutivo en la Cámara Baja, como Bildu. Un malestar que se extiende al propio seno de la coalición, donde hace ya varios meses el líder de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, dejó claro que rechazaban el pacto porque "significa más militares, más destructores norteamericanos y más dependencia y sumisión a Estados Unidos".
Los destructores son una contribución de EEUU a la arquitectura de defensa antimisiles de la OTAN para proteger a las naciones europeas de las posibles amenazas que plantea la proliferación de misiles balísticos. Una decisión que surgió tras la Cumbre de Lisboa, en noviembre de 2010. La llegada de los últimos cuatro buques de guerra supuso, por otro lado, la llegada de 1.100 marines, unas 1.400 familias. Para el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada de aquellos años, el acuerdo no solo fue "un hito importante", sino además "un adiestramiento conjunto para ambas marinas".
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