Se suspende la declaración de uno de los imputados en los ERE fraudulentos

  • La juez que investiga los ERE fraudulentos ha suspendido la declaración del abogado sevillano Carlos Leal, uno de los dos imputados citados hoy en la nueva ronda de declaraciones sobre el cobro de sobrecomisiones en las pólizas.

Sevilla, 25 mar.- La juez que investiga los ERE fraudulentos ha suspendido la declaración del abogado sevillano Carlos Leal, uno de los dos imputados citados hoy en la nueva ronda de declaraciones sobre el cobro de sobrecomisiones en las pólizas.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la declaración del abogado ha sido suspendida, aunque de momento se mantiene la del segundo imputado, el dueño de la empresa Uniter José González Mata.

Estas dos declaraciones iban a cerrar las comparecencias de nuevos imputados, dentro de las cuales la juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión a siete de los 22 acusados, entre ellos el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

La imputación de Carlos Leal, del Bufete Jurídico Villasís de Sevilla, se produce dentro de la investigación de la juez para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" de los despachos Garrigues y Villasís, que tienen a dos y tres letrados respectivamente imputados en las actuaciones.

Por otra parte, en el auto de prisión de Guerrero, la juez aseguró que Uniter y Vitalia cobraban comisiones "elevadísimas en relación al precio de mercado" por su mediación en los ERE y, en el caso de la empresa Delphi, Uniter "cobró sobrecomisiones de unos siete millones de euros".

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la "deficiente gestión" de los ERE supuso no solo la aparición de intrusos que nunca habían trabajado en las empresas, sino "cuantiosos" intereses y comisiones, cifrados en 50 millones de euros.

José González Mata, cuando compareció en la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, aseguró que es "simple y llanamente mentira" que su empresa percibiese comisiones abusivas y las situó en una media del 7,8 por ciento, a lo que debía unirse la asesoría a los prejubilados, por lo que "la comisión neta" se reduciría al 2 o 3 por ciento.

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