Asunción, 20 nov.- El senador Arnaldo Giuzzio, miembro del minoritario Partido Democrático Progresista (PDP), presentó hoy un informe de la Secretaría Antidrogas paraguaya (Senad) en el pleno de la Cámara alta que acusa a tres diputados del gobernante Partido Colorado de tener lazos con el narcotráfico.
Según el informe presentado por el legislador, la Senad posee pruebas documentales y escuchas telefónicas de los diputados en ejercicio Freddy D'Ecclesiis, Marcial Lezcano y Bernardo Villalba, que serán expuestas ante la Fiscalía para que abra una investigación.
Los tres congresistas aprovecharon la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara baja para intervenir y desmentir las acusaciones, e incluso pedir la destitución del titular de la Senad, Luis Rojas.
D'Ecclesiis dijo que Giuzzio "está realizando declaraciones irresponsables e infundadas".
"Lo tenía bajo un concepto de ser una persona seria; mi foja está limpia, nunca tuve ningún problema, ni una sola pelea callejera y mucho menos proceso por narcotráfico, y esto la Senad lo sabe", destacó.
A su vez, Villalba interrumpió el desarrollo del orden del día para admitir que como abogado ha defendido a personas en procesos de narcotráfico como Christian Villaalta y Jonathan Soligo, pero negó que ello constituya algún delito.
"El gran negocio de las drogas ha infectado los tres poderes del Estado paraguayo", declaró durante el debate de este jueves en el Senado el legislador colorado Arnoldo Wiens.
Wiens aseguró que la Cámara quiere demostrar que hay legisladores "dispuestos a dar la cara contra la mafia del narcotráfico". "Nos resistimos a que todos seamos estigmatizados como parte de este esquema de terror", añadió.
Por su parte, el senador del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Luis Alberto Wagner dijo a Efe que el informe de la Senad "prueba en parte las acusaciones que siempre se dieron en relación a la participación de los traficantes y el crimen organizado que han ingresado al Parlamento paraguayo, donde ahora hay gente relacionada con el tráfico o el lavado de dinero".
"La Senad tiene todas las grabaciones, sabe del sistema de transporte, de cómo buscaban la ubicación de los probables puertos para el envío de droga o cómo lograban la provisión de combustible", agregó.
Wagner dijo que los acusados deben ser desaforados, investigados y castigados para que "el país avance en la lucha contra el crimen organizado".
El informe de la Senad pretende documentar las acusaciones lanzadas a la palestra pública contra varios políticos paraguayos en las últimas semanas tras el asesinato de un periodista y su acompañante a manos de un clan de narcotraficantes de la región fronteriza con Brasil, en el departamento de Canindeyú.
Pablo Medina, periodista de ABC Color asesinado el pasado 16 de octubre, escribió sobre los supuestos vínculos del narcotráfico con algunos políticos locales.
Medina había apuntado a la diputada Cristina Villalba, del gobernante Partido Colorado, como una de las protectoras de la mafia de Canindenyú, así como a Víctor Núñez, miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Tras sus publicaciones, el corresponsal recibió amenazas, algunas del exalcalde fugado Vilmar Acosta, al que la Fiscalía acusa de ser el autor intelectual del crimen.
Hay orden de captura internacional contra él, su hermano Wilson y su sobrino Flavio Acosta, presuntos autores materiales del crimen, y contra Arnaldo Cabrera, también señalado como cómplice.
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