Asunción, 15 jun.- Cientos de personas recordaron hoy en un acto religioso la matanza hace exactamente dos años de once campesinos y seis policías durante una ocupación de tierras en la localidad de Curuguaty, un hecho que desencadenó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, y que sigue sin aclararse.
El suceso, registrado el 15 de junio de 2012, fue conmemorado esta mañana en Curuguaty (norte), en una misa oficiada por el obispo de Misiones, monseñor Mario Medina, a la que acudieron unas 400 personas, entre miembros de organizaciones de izquierda, de grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
En el acto, Elida Benítez expresó a Efe el dolor que le dejó aquella matanza, en la que murió su hijo Andrés Castro, de 28 años, y por la que están acusados su marido, Mariano Castro, y otros dos hijos, Nestor y Adalberto Castro, todos campesinos y actualmente en arresto domiciliario.
"Cada vez que veo la foto de mi hijo y recuerdo la masacre me duele mucho", dijo Benítez, de 48 años.
Pasados dos años de la masacre, la única certeza es que el juicio iniciará el próximo 26 de junio contra trece personas, diez de ellas acusadas de intento de homicidio de los policías, entre otros cargos, mientras que no hay imputados por la muerte de los campesinos.
Al respecto, Vicente Morales, abogado de once de los acusados, cree que la verdad nunca saldrá a la luz en ese juicio.
"Lo único que se busca es una condena para esta gente. Pero con el juicio no se va a saber qué pasó en Curuguaty", pues "no hay nadie procesado de homicidio y hay 17 muertos, lo que demuestra que no hay intención de conocer a los autores", dijo a Efe.
El letrado consideró una "aberración" el cargo de intento de homicidio, lo que a su juicio descarta de por sí que fueran los autores de las muertes de los policías, pues entonces deberían haber sido acusados de homicidio.
En una entrevista concedida en abril a Efe, el fiscal del caso, Jalil Rachid, argumentó que el delito de "tentativa de homicidio" sanciona "la conducta" y agregó que los campesinos prepararon el enfrentamiento.
En cuanto al hecho de que no hay ningún imputado por la muerte de los once campesinos, el fiscal se limitó a contestar que "los policías reaccionaron ante un ataque".
La masacre se produjo el 15 de junio de 2012, cuando unos 30 campesinos ocuparon unas tierras en Curuguaty afirmando que pertenecían al Estado y reclamando su inclusión dentro del reparto del programa de reforma agraria.
La ocupación fue seguida del despliegue de unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, tras el cual se produjeron los disparos que causaron las muertes.
Días después, el Legislativo paraguayo destituyó en un rápido y controvertido juicio político al entonces presidente, el izquierdista Fernando Lugo, un exobispo católico que había ganado las elecciones de 2008 y a quien por el manejo de este caso se le declaró culpable de mal desempeño de funciones.
Según el abogado Morales, el juicio al que serán sometidos los acusados se basa en toda una serie de irregularidades procesales, entre ellas la ocultación de pruebas.
"La Fiscalía no investigó los casquillos percutidos del calibre de las armas reglamentarias de la Policía que se encontraron en el lugar, que desaparecieron", dijo.
El abogado añadió que esas pruebas fueron entregadas tras los hechos al fiscal Rachid, por el excongresista Julio Colmán, en unas imágenes captadas por la cadena de televisión Unicanal.
"Tenemos claro que la Fiscalía pretende llevar a cabo una condena con una sentencia previa. Lo que hace es fabricar una novela y en base a ella colecta pruebas que le van a servir para esa novela y descarta las que contradicen la construcción de la novela", indicó.
Rachid ha negado la desaparición de evidencias, aunque sí reconoció que algunas de esas pruebas fueron recogidas y "manipuladas" por terceros en el lugar de los hechos, en vez de por la Policía.
Entre los cargos a los que se enfrentan los 13 acusados está el de invasión de inmueble ajeno, por la ocupación de las tierras de Curuguaty.
El terreno, unas 2.000 hectáreas, está en poder de la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del Partido Colorado, formación que gobernó Paraguay durante unas seis décadas.
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