Solo un candidato tiene planes para la ciudad más violenta de Colombia

Bogotá, 14 may.- El obispo de Buenaventura, la ciudad más violenta de Colombia, monseñor Héctor Epalza, afirmó hoy que sólo uno de los cinco candidatos presidenciales, el uribista Óscar Iván Zuluaga, ha presentado un plan para combatir la crisis humanitaria y de violencia que sufre el principal puerto del Pacífico.

"El (candidato) del Centro Democrático (Zuluaga) es el único que me ha dado una cuestión firmada por él, los demás no", afirmó el religioso a periodistas tras una rueda de prensa en la que se presentó el más reciente número de la revista del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una ONG jesuita.

En la edición 48 de esta publicación se dedica un capítulo a la situación en Buenaventura, que vive una encarnizada guerra entre las bandas narcotraficantes La Empresa y el Clan Úsuga (nuevo nombre acuñado por el Gobierno para Los Urabeños) por el control del estratégico puerto, el más importante del Pacífico colombiano.

En la propuesta de Zuluaga "más o menos dice que se va a comprometer con la ciudad pero de resto, ninguno más se ha comprometido en serio", señaló el prelado en alusión a los demás candidatos que concurrirán a las urnas el próximo 25 de mayo.

Los contendientes de Zuluaga son el presidente-candidato Juan Manuel Santos, por la coalición Unidad Nacional; Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde, la conservadora Marta Lucía Ramírez y la representante de la coalición de izquierda Clara López.

"Yo le diría a los candidatos con todo el respeto que se merecen que ya es hora de que Buenaventura tenga una parte de inclusión social efectiva porque el Pacífico colombiano parece como si no fuera de Colombia", recomendó monseñor Epalza al urgir que esa mirada tiene que llegar "cuanto antes".

El obispo aclaró que "más que promesas" es necesario que expresen "un serio compromiso con Buenaventura porque hay una deuda social impresionante".

La alarma social de lo que estaba sucediendo en Buenaventura estalló en marzo cuando se conoció que en lo corrido de 2013 se había registrado casi un centenar de muertes y algunas con descuartizamientos, ante lo cual el Gobierno de Santos decidió militarizar la ciudad, en la que viven unas 300.000 personas.

Epalza afirmó que la militarización ha dado frutos relativamente porque cuando detienen a un delincuente enseguida las bandas reclutan a otro y ha sido difícil que la comunidad recobre la confianza en las autoridades, sobre todo en la Policía, pero reconoció que sería menester mantener el despliegue de seguridad durante más tiempo.

"De otra manera puede haber un rebrote otra vez de la violencia en Buenaventura", advirtió.

La crisis tiene múltiples factores, como el desplazamiento de al menos 400 habitantes de la cercana zona del Bajo Calima, las desapariciones forzadas, los descuartizamientos, los feminicidios, masacres y manifestaciones de "violencia institucionalizada" a través de la paralización de procesos de titulación de tierras y ausencia de obras públicas.

Ante las numerosas inversiones que se han prometido para Buenaventura desde que se denunciaron sus problemas, monseñor Epalza indicó que le ha pedido al presidente Santos que se encargue una "veeduría internacional" a una institución que aún no ha sido definida.