SUP dice que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana rebaja protección a policías

  • El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha lamentado hoy que los agentes estarán menos protegidos con la reforma que prepara el Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que la mayoría de las multas que se incluirán en ella tenían penas de cárcel en el Código Penal.

Madrid, 19 nov.- El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha lamentado hoy que los agentes estarán menos protegidos con la reforma que prepara el Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que la mayoría de las multas que se incluirán en ella tenían penas de cárcel en el Código Penal.

En declaraciones a Efe, Benito considera que el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, que previsiblemente irá al Consejo de Ministros el viernes próximo, contiene "muchas lagunas" y, contrariamente a lo que Interior defiende, "rebaja" el reproche a determinadas acciones contra los agentes.

Así, ha asegurado, la intimidación o la amenaza a los policías cuando ejerzan su trabajo está actualmente contemplado como delito en el Código Penal y, por tanto, penado con prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses.

En la propuesta de Interior sobre la nueva ley de Seguridad Ciudadana serán infracciones administrativas graves, multadas con entre 1.001 a 30.000 euros, amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.

También considera tipificado, en este caso en la Ley de Derecho de Reunión y Manifestación y también como delito, el comportamiento violento de manifestantes, por lo que ha mostrado su preocupación por incidir con nuevas leyes en lo ya legislado.

Para el portavoz del SUP, "lo más novedoso" del texto de Interior es incluir como infracción administrativa grave la grabación y difusión de imágenes de los agentes, así como sus identidades, algo que requería protección jurídica.

Entre las novedades que presenta el ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz está la posibilidad de que la Policía establezca una zona de seguridad en determinadas protestas como los escraches o acoso en los domicilios de cargos públicos.

"¿Cómo se arbitra todo eso? ¿Quién fija esa distancia?", se ha preguntado Benito, quien critica que el Gobierno "no quiera mojarse" y se limite a regular las sanciones y dejar a criterio individual de un policía qué perímetro de seguridad establece.

Por todo, Benito sostiene que el borrador de la nueva normativa contiene "muchas lagunas" y las infracciones que contempla están ya reguladas o bien en el Código Penal como delitos o tipificadas en la ley de derecho de reunión y manifestación.

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