Panamá, 17 dic.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional una polémica ley aprobada en 2010 que impedía que los policías fueran detenidos o separados del cargo mientras eran investigados por casos de supuesto abuso de autoridad o en el uso de la fuerza, confirmó hoy una fuente jurídica.
La sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la llamada Ley 74 de 2010 tiene fecha del 29 de diciembre de 2011, pero fue notificada ayer a la parte demandante, el vicepresidente del Colegio de Abogados Carlos Herrera Morán, confirmó este martes a Efe un portavoz de ese gremio profesional.
La polémica norma, que volvió a saltar a la palestra en octubre pasado tras la muerte de dos menores en un retén policial en una carretera, establecía que los policías no eran objeto de medidas cautelares como detención preventiva ni separación del cargo mientras fueran investigados "por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o cumplimiento del deber".
El magistrado ponente del fallo judicial, Jerónimo Mejía, consideró que otorgar privilegios procesales a los policías "desarmonizaría el sistema de justicia panameño, al otorgar una suerte de patente de corzo a favor de los miembros de la fuerza pública", algo que sería "totalmente incompatible con una sociedad y Estado democrático".
"Los miembros de la fuerza pública no se encuentran en mejor situación jurídica que las demás personas, por lo cual pueden ser objeto de las medidas cautelares necesarias", añade la ponencia.
En declaraciones a los medios locales, Herrera Morán consideró el fallo un como triunfo para todas las víctimas de los uniformados, y repudió que la sentencia haya estado "engavetada en algún despacho" de la Corte Suprema desde 2011.
En los últimos meses, agentes de la Policía Nacional panameña han estado involucrados en tiroteos contra civiles desarmados, entre ellos uno que causó la muerte de un bebé de 2 años y su prima de 15, ambos de origen indio, lo que desató la indignación nacional y un reclamo generalizado a las autoridades.
Por el caso de los menores muertos en un retén móvil la Fiscalía procesa a dos agentes policiales con base en el Código Penal y no a la Ley 74, ya que "todos los panameños somos iguales", según justificó en noviembre pasado la procuradora general (fiscal), Ana Belfon.
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