Tarjetas. Díaz ferrán se niega a declarar en el caso de las tarjetas `black´


El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga el uso de tarjetas opacas por decenas de exconsejeros y exadministradores de Caja Madrid entre los años 2003 y 2012.
Díaz Ferrán estaba citado hoy junto a otros nueve imputados y pasó ante el juez en cuarto lugar. El expresidente de la CEOE fue trasladado a la Audiencia Nacional desde la madrileña cárcel de Soto del Real, donde cumple condena. El expresidente de la patronal tenía que dar cuenta de los 93.984 euros que gastó con su tarjeta opaca.
Este lunes están citados también el socialista Ramón Espinar (173.999) y Guillermo Ricardo Marcos Guerrero (de Unipyme, y que gastó 130.947 euros). También pasarán ante el juez el miembro de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700) e Ignacio de Navasqües, representante de la Confederación de Cuadros y Profesionales, que cargó 191.981 euros.
La Fiscalía ha solicitado una fianza civil que supera los 600.000 euros para el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, que fue el primero en declarar hoy. De mantener esta misma línea argumental, Anticorrupción solicitará más de 20 millones de euros en concepto de fianza civil, al pedir el depósito del dinero gastado más un tercio de multa. Según lo que los imputados digan al magistrado, éste decidirá si les investiga por un presunto delito de administración desleal o por apropiación indebida.
Un grupo de preferentistas ataviados de verde y con pancartas esperaba a los imputados en la Audiencia coreando gritos de “golfo”, “ladrón” o “panda de mangantes” y reclamando la devolución de sus ahorros.
El exvicepresidente de la entidad respondió a las preguntas del juez y de las partes por espacio de una hora. Moral Santín gastó con cargo a su tarjeta opaca 456.500 euros, por lo que el fiscal pide más de 600.000 euros de fianza civil al sumarle un tercio de la cantidad supuestamente cobrada de manera irregular. Se calcula que los propietarios de estas tarjetas cargaron gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012.

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