Tarjetas. La fiscalía pide una fianza civil de 600.000 euros a moral santín

La Fiscalía ha solicitado una fianza civil que supera los 600.000 euros para el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, que declaró hoy como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien investiga a casi 80 exconsejeros y exdirectivos de la entidad por el uso de tarjetas opacas. El fiscal también pidió 143.000 euros de fianza para el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta.
Santín es el primero de los 10 imputados citados hoy por el magistrado para declarar en relación con los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Un grupo de preferentistas esperaba a los imputados en la Audiencia coreando gritos de “golfo”, “ladrón” o “panda de mangantes” y reclamando la devolución de sus ahorros.
El exvicepresidente de la entidad respondió a las preguntas del juez y de las partes por espacio de una hora. Moral Santín gastó con cargo a su tarjeta opaca 456.500 euros, por lo que el fiscal pide más de 600.000 euros de fianza civil al sumarle un tercio de la cantidad supuestamente cobrada de manera irregular. Se calcula que los propietarios de estas tarjetas cargaron gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012.
Después de Moral Santín, que fue consejero a propuesta de IU, el juez interrogará al exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta, que cargó 137.617 euros, y los sindicalistas de CCOO Juan José Azcona, Pedro Bedia y Rodolfo Benito, que disfrutaron de 99.300, 78.200 y 140.600 euros, respectivamente.
IMPUTADOS
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar entre hoy y el miércoles a 27 consejeros y antiguos administradores de Caja Madrid y Bankia, tras decidir la imputación de los 78 titulares de las tarjetas opacas de ambas entidades, por delitos de administración desleal y apropiación indebida.
En su auto del 28 de enero, el juez explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que se emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos, de ahí que en este momento el juez distingue entre los administradores y los directivos.
Andreu considera que existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.
El juez hace constar que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido, y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación.
De ese modo, se acabó "convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa". Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas, el magistrado tiene serias dudas de que se tratara de tarjetas de empresa.
Ante la otra opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, el juez tampoco entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron.
Tampoco se explica "por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo del que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos tendrían derecho".