Testigos dicen que la Junta revisó expedientes pero no ocultó documentación

Sevilla, 24 jun.- La Guardia Civil que investiga los ERE fraudulentos ha tomado declaración a varios testigos que han relatado que en noviembre de 2010, cuando se conoció la causa abierta por la juez Alaya, diez personas estuvieron un fin de semana revisando expedientes pero no se destruyó ni ocultó documentación.

Según dichos testigos, entre el viernes 19 de noviembre de 2010 y el domingo 21 se reunieron en la Dirección General de Trabajo en Sevilla al menos diez personas, convocadas por el entonces director general, Daniel Rivera, y a ellas se unieron el domingo los entonces consejero y viceconsejero, Manuel Recio y Justo Mañas.

Mari Luz Arraez, asesora de Recio, declaró como testigo ante la Guardia Civil y relató que el viernes se centraron en averiguar si el exconsejero de Empleo Antonio Fernández -encarcelado desde el 24 de abril- estaba entre los beneficiarios del ERE de la bodega González Byass.

Cuando el sábado estudiaron otros expedientes, "empezaron a ver cosas raras" como la falta de pólizas, la discrepancia entre beneficiarios y todos se sorprendieron "por la falta de procedimiento y el caos que había en unos expedientes a través de los cuales se daba tanto dinero".

Según esta testigo, las personas que dirigían la revisión les dejaron claro "que no alteraran el orden de los documentos", solo se recuperó documentación que ya existía y no se generó otra que no existiese para completar los expedientes.

Una vez concluido el trabajo, el domingo, "nadie dio orden de limpiar, sino que de 'motu proprio' decidieron dejar las oficinas como estaban, recogiendo los papeles y las botellas de agua consumidas" y limpiaron las tazas de café pero "para mantener el orden", señaló esta testigo.

Sin embargo, María José Rofa, asesora técnica de la dirección general de Trabajo y también participante en la operación, declaró a la Guardia Civil que, una vez concluida la revisión, Rivera dio orden de que "se limpiara todo para que no pareciera que se había trabajado durante el fin de semana".

Rofa, que está citada como imputada el 6 de julio, declaró a la Guardia Civil que en la revisión de los ERE "participaron políticos y personal técnico" cuyos contratos "dependen de prórrogas" y que el objetivo era "poder conocer lo que había y poner un parche a lo que pudiera aparecer, anticipándose a lo que pudiera salir en prensa".

En la revisión se personaron a media mañana del domingo los entonces consejero y viceconsejero pero el trabajo fue llevado a cabo por Daniel Rivera, ex director general de Trabajo; Rafael Calvache, jefe de gabinete de Recio; Aurora Cosana, delegada provincial de Empleo; Lourdes Medina, secretaria general técnica; Rocío Sayago, secretaria de Rivera; Alejandra Rueda, directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo, y las asesoras María José Rofa y Mari Luz Arraez junto a otros dos funcionarios.

Calvache aseguró a la Guardia Civil que en dicho encuentro "no se destruyó ningún documento" ni se retiraron los que pudieran perjudicar los intereses de la dirección general", y Rivera "preparaba la documentación" y era la última persona que la revisaba antes de enviarla al Juzgado.