Tortura y violación de DD.HH. en México, una realidad ignorada por el Estado

Asela Viar

México, 11 oct.- Expuestas a represalias si denuncian y desamparadas por una justicia que tachan de ineficaz, las víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos en México denuncian que el Estado hace oídos sordos a una realidad causada en muchos casos por sus propios cuerpos de seguridad.

El 16 de febrero de 2002 la indígena me'phaa Valentina Rosendo Cantú fue violada por dos soldados en la sierra de Guerrero, en el sur del país. Fue acusada de mentir, tuvo dificultades para recibir atención médica y para interponer la denuncia y, una vez lo hizo, fue hostigada por militares a las puertas de su casa.

"Me sentía mal porque pensaba que a lo mejor fue mi culpa, me preguntaba por qué fui a esa hora, por qué tuve que abrir la boca. Yo sentía que no tenía salida, varias veces intenté suicidarme desde un puente", recordó en entrevista con Efe.

Casi una década después fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la que exigió al Gobierno mexicano, a través de una sentencia de acatamiento obligatorio, reconocer su responsabilidad en los hechos y pedir perdón públicamente, un acto que se celebró en diciembre de 2011.

Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la que era. En 2003, menos de un año después de lo sucedido, tuvo que abandonar junto a su hija y su marido la comunidad ante el acoso de los militares, las amenazas de la autoridad local para que desistiese de su denuncia y la dolorosa discriminación de sus vecinos.

"Llegamos a Chilpancingo (capital del estado de Guerrero) sin hablar español, sin trabajo, ni techo. Mi marido me golpeaba porque tenía que cumplir como esposa y dos años después de aquello me abandonó con 50 pesos (casi 4 dólares) y sin pagar las rentas", recuerda.

Cuando recibió la sentencia de la CorteIDH lloró "de emoción" y aunque ahora vive "más tranquila" no puede desvelar su domicilio por seguridad. Diez años después, los culpables, aunque se sabe que pertenecen al 41 batallón de Infantería del Ejército, no han sido identificados ni procesados.

El caso de Gerardo Torres, estudiante universitario de 19 años, es más reciente. El 12 de diciembre de 2011 fue detenido junto con otras 23 personas por agentes federales durante una protesta estudiantil en Chilpancingo, capital de Guerrero, en la que la policía disparó y mató a dos de los manifestantes.

Llevado a un lugar aislado fuera de la ciudad, fue amenazado de muerte y golpeado en el estómago, las costillas y los brazos, así como obligado a apretar el gatillo de un arma automática para implicarlo falsamente en los asesinatos anteriores.

"Forcejee con ellos, no quería que pusieran mis manos en el arma, les dije que nunca había disparado y me gritaron con insultos que ahora iba a aprender, al final vinieron otros dos, pusieron mi dedo en el gatillo y ellos apretaron", relató a Efe Gerardo Torres.

La preocupación nacional e internacional ante las pruebas que responsabilizaron a la policía de la muerte de los dos manifestantes y los malos tratos a los detenidos permitieron que él y los otros 23 arrestados fueran puestos en libertad el 13 de diciembre.

"Es algo muy cruel que todavía se siga practicando la tortura en México, pasar por algo así te cambia la perspectiva. Es una sensación muy dolorosa", agregó el estudiante.

Estos son dos de los casos que aparecen en el último informe de Amnistía Internacional sobre tortura y malos tratos en México, presentado hoy bajo el nombre "Culpables conocidos, víctimas ignoradas", en el que alertan de que se trata de una práctica "sistemática" y "generalizada" agudizada en los últimos seis años.

El informe recoge los datos obtenidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que aunque "está lejos de representar el verdadero número de torturas", pues solo está autorizada a recabar aquellas en las que las autoridades federales están implicadas, ofrece los datos "más completos" por el momento.

De acuerdo con este registro, en los últimos seis años se produjo un incremento de más del 300 % de los casos, pues mientras en 2007 se recabaron 392 denuncias, en 2011 esa cifra ascendió a 1.669, solo teniendo en cuenta los casos del fuero federal, cuyos delitos representan el 10 % del total.

"La realidad se conoce, pero no se puede demostrar, lo que permite al Estado ignorarla, ese es el resultado más evidente", dijo a Efe Rupert Nox, jefe del área de investigación para México de AI.

El informe insta al Gobierno a recabar información "fidedigna" que permita diseñar e implementar políticas eficaces para combatir esta situación, añadió.

De acuerdo con el documento, el aumento de casos de tortura y malos tratos se ha producido en un contexto de "severa crisis de seguridad pública" en la que más de 55.000 personas han sido asesinadas y al menos 160.000 han sufrido desplazamientos internos como resultado de la violencia entre carteles de la droga.

"El Gobierno ha impulsado a las fuerzas armadas en el combate de la delincuencia organizada, pero no ha aumentado los controles, rendición de cuentas y supervisión de esas actuaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos", agregó el experto.