Triángulo perfecto: así lograba comisiones y las blanqueaba la trama del 3%

La trama estaba tan perfectamente organizada que la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad han tardado más de dos años en poner en marcha los primeros registros y detenciones. La operación Petrus, que investiga el cobro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de comisiones ilegales del 3% a numerosas empresas a cambio de la adjudicación de obra pública de la administración catalana o de municipios controlados por la formación, ya se ha saldado -en varias fases- con numerosos detenidos -empresarios, cargos y responsables del partido-, múltiples registros y múltiples pistas que nos acercan a su funcionamiento.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) en 2012. La edil denunció presuntos amaños entre Teyco -una empresa de la familia Sumarroca, íntima del clan Pujol- y el Ayuntamiento, que culminó con la detención en junio de 2014 del entonces alcalde, Daniel Masagué (CiU) y el registro de Teyco.

Un año después, el pasado 23 de julio de 2015, la Policía entraba en la casa de Jordi Sumarroca, hijo del fundador de CDC y amigo personal del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol.

En la caja fuerte de su domicilio y en otra localizada en una de sus empresas -Teyco-, la Guardia Civil encontró notas manuscritas en la que se detallaban los porcentajes que se obtenían –supuestamente– de grandes contratos públicos, de la que era adjudicataria la empresa del clan de los Sumarroca, a través de la Generalitat de Catalunya y municipios afines a CDC.

En la caja fuerte de Sumarroca se detallaban contrataciones entre el 2009 y el 2011 junto con las anotaciones en las que se detallaban pagos del 3% de la cuantía del contrato. Jordi Sumarroca solo pudo salir de prisión tras el pago de una fianza de 600.000 euros.

Otra pista fundamental, que ha precipitado la investigación y las últimas detenciones, se ha logrado gracias al analisis detallado de la documentación que la Guardia Civil incautó el pasado mes de agosto tras el registro de la sede de CDC y la de la Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem), vinculada a CDC.

Los registros de agosto incluyeron la vivienda del extesorero de CDC Daniel Osàcar - imputado en el Caso Palau- y la Guardia Civil se llevó entonces de CDC numerosa documentación del despacho del tesorero Andreu Viloca, la mayor parte relacionada con la contabilidad de CatDem.

Presuntamente, el think tank de Convergència puede ser uno de los vehículos para la financiación irregular del CDC. Los investigadores sospechan que las donaciones de Teyco y otras empresas de la familia Sumarroca -amigos íntimos de los Pujol y fundadores de Convergència- a CatDem en realidad son el pago del 3% de las adjudicaciones concedidas. La sospecha, que ahora se busca confirmar, parte de la documentación incautada durante la detención Jordi Sumarroca Claverol y el registro tanto de su domicilio como de la empresa que dirige.Un triángulo perfecto

La trama, según se deriva de la investigación, es sencilla: un triángulo de intereses en el que participan administraciones públicas, CDC y su fundación CatDem y algunos empresarios ansiosos de contratos -hoy se ha detenido a siete-.

Una de las claves, presuntamente, es el tesorero de CDC y administrador de CatDem, Andreu Viloca, detenido hoy, una persona sin perfil político, discreto y no demasiado conocido incluso en la formación en la que gestionaba las finanzas.

La Fiscalía Anticorrupción le atribuye indiciariamente seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

Otro de los personajes relevantes, presuntamente, en la trama, es el ingeniero agrónomo leridano Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructures.cat, la antigua Gisa, adjudicataria de grandes obras en toda Catalunya y con autonomía de gestión, pero dependiente orgánicamente de la Conselleria de Economía de la Generalitat.

Infraestructures.cat concedía importantes contratos a diversas empresas, mayoritariamente constructoras, que agradacían las adjudicaciones pagando comisiones, referenciadas al 3% del importe total de la concesión. El porcentaje llegaba, presuntamente, a CatDem, la fundación de Convergència, a través de donaciones y estas acababan en el partido.

A partir de ahí, resultaba básico blanquear el dinero, algo que se pudo hacer a través de valijas diplomáticas.La sorpresa de la Guardia Civil

La investigación sobre la trama del 3% ha llegado incluso a consulados. La Guardia Civil se sorpendió que el cuerpo diplomático de Lituania en Barcelona se encontrase en la misma sede de la empresa de los Sumarroca, Teyco, la primera constructora implicada en el caso de presunta financiación irregular de CDC.

Según destaca Crónica Global, el hermano mayor de Jordi Sumarroca y ex vicepresidente de Comsa Emte (otra compañía del sector de la obra pública y las infraestructuras), Carles Sumarroca Claverol, ostenta el cargo de cónsul honorario de Lituania. La Guardia Civil cree tener indicios de que él habría facilitado el desvío de fondos de CDC al extranjero por esta vía.

El empresario está imputado por la Audiencia Nacional en otra investigación sobre financiación ilícita vinculada con el partido, los fondos que manejó el clan de los Pujol.

El magistrado de la Audiencia Nacional ya se puso en alerta ante el presunto uso ilícito que habría realizado Pujol cuando controlaba CDC de la valija diplomática y existen sospechas de que un responsable consular de España en Gabón pudo haber facilitado la circulación de diversas partidas económicas procedentes de negocios sospechosos dirigidos por el mayor de los Pujol Ferrusola.

La valija cuenta con inmunidad diplomática por la información sensible que se intercambia entre las embajadas y consulados y las administraciones de sus países de referencia.