Tribunal anula programa del Gobierno británico que obligaba a trabajar gratis

Londres, 12 feb.- Un programa del Gobierno británico que obligaba a los desempleados a trabajar sin remuneración para poder mantener su subsidio social fue declarado hoy ilegal por un tribunal londinense.

La Corte de Apelación validó el recurso presentado por la joven de 24 años Cait Reilly, quien cuestionó la legalidad de un programa que la obligó a trabajar dos semanas gratis en Poundland, una cadena de tiendas de productos a una libra.

Reilly, una graduada universitaria de Birmingham (centro inglés), argumentó que su paso por el establecimiento, lejos de ayudarla a encontrar un empleo, equivalió a "trabajo forzado".

La joven explicó que el tiempo pasado allí en noviembre de 2011, limpiando y reponiendo estanterías, hizo que tuviera que dejar su puesto de voluntaria en un museo y le impidió buscar un trabajo.

Los tres jueces de la Corte de Apelación le dieron la razón al considerar que la normativa introducida por el Gobierno conservador de David Cameron para sustentar sus esquemas de reinserción laboral es ilegal, entre otras cosas porque no ha sido aprobada por el Parlamento.

Además de Reilly, también ganó hoy su recurso el camionero de 40 años Jamieson Wilson, a quien se retiró la "ayuda social para los que buscan empleo" por negarse a trabajar seis meses limpiando muebles sin cobrar.

Wilson argumentó que ese trabajo no estaba relacionado con sus cualificaciones y no le iba a servir para encontrar otro empleo.

El Gobierno británico ha puesto en marcha una serie de controvertidos programas destinados teóricamente a impulsar la inserción laboral de los desempleados británicos, en base a los cuales estos están obligados a aceptar "prácticas" laborales si quieren mantener el módico subsidio social que se ofrece.

Los abogados de Reilly y Wilson, del bufete Public Interest, dijeron hoy que "todas las personas que han sido castigadas con la retirada de la ayuda al desempleado por incumplir los programas de 'regreso al empleo' tendrán derecho a reclamar esas ayudas".

"Hasta que no se aprueben nuevas normativas con el visto bueno parlamentario, nadie está obligado a aceptar participar en esos programas" laborales, afirmaron.

Reilly se mostró "encantada" con el dictamen e incidió en que su experiencia en Poundland "fue una pérdida de tiempo", pues no se le dio formación ni pudo buscar otros trabajos.

"El único beneficiario fue Poundland, una empresa multimillonaria", agregó la joven, quien aclaró que no denunció la situación porque "se le cayeran los anillos por trabajar en una tienda" -ahora está a tiempo parcial en un supermercado-, sino porque "espera cobrar por el trabajo que hace".

"La mejor manera de ayudar a la gente joven a encontrar un empleo es ayudándolos de verdad, no castigándolos", aseveró.