Junto a Ben Alí ha sido sentenciado el exministro de Terrenos del Estado entre 1999 y 2010 y de Defensa entre 2010 y 2011, Ridha Grira, quien tamién ha recibido una sentencia de cuatro años de prisión.
Ben Alí vive en Arabia Saudí alejado de los focos --han sido muy escasas sus apariciones o las noticias acerca de su persona-- junto a su esposa y sus tres hijos, aparentemente a salvo de la petición de extradición formulada por Túnez a la Interpol.
En el país árabe que una vez gobernó ha sido objeto de varios juicios, y, en el más sonado de todos, que finalizó en junio de 2012, fue condenado a cadena perpetua por complicidad en el asesinato de manifestantes durante el levantamiento contra su régimen, que se saldó con la muerte de al menos 338 personas a causa de la represión de las autoridades.
Además, tanto él como su mujer han sido condenados 'in absentia' a 35 años de cárcel y el pago de 91 millones de dinares tunecinos (unos 45,5 millones de euros) por malversación de fondos públicos; a 15 años por posesión de armas, estupefacientes y objetos históricos; y a seis años por corrupción y fraudes inmobiliarios.
Los casos de corrupción en los que estaba visiblemente implicada la familia Ben Alí y las figuras más cercanas al régimen fueron uno de los detonantes de las manifestaciones, con una población harta de los excesos de las autoridades y de la falta de derechos y beneficios sociales de los que disfrutaban la mayoría de los tunecinos.
En este sentido, el Banco Mundial --que previamente había aplaudido las políticas económicas de Túnez-- afirmó en un informe publicado en marzo de 2014 que el régimen de Ben Alí controló el sistema político, económico y judicial del país con el objetivo de enriquecerse.
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