Burgos, 21 feb.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), con sede en Burgos, ha planteado al Constitucional una cuestión en la que pide al Tribunal se pronuncie sobre si el real decreto de 2012 que anulaba la revalorización de las pensiones vulnera derechos constitucionales.
Esta es la primera cuestión que se eleva al Constitucional por este asunto.
Aunque la sentencia da la razón a los pensionistas y establece que se les abone la revalorización aun cuando pueda haber resoluciones posteriores en otro sentido, la magistrada ha decidido que el Tribunal Constitucional aclare si el real decreto contraviene la Constitución.
La magistrada titular de la sala, María José Renedo, ha explicado que el real decreto fue aprobado por el Gobierno el 30 de noviembre, pero no se publicó en el Boletín Oficial del Estado hasta el día siguiente.
Dado que el cálculo de la revalorización se hace con fecha 30 de noviembre, la cuestión que plantea la magistrada es si anular la revalorización con una fecha posterior puede ser la "expropiación" de un derecho adquirido por los pensionistas.
Por esta razón, entiende que se podría haber vulnerado el artículo 33 de la Constitución, que señala que "nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social y mediante la indemnización correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en la ley".
Actualmente, hay pendientes de resolución otros siete procedimientos similares en juzgados de lo Social, presentados por colectivos que representan a más de un centenar de personas.
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