UIP tiene abiertas quejas de parlamentarios opositores colombianos amenazados

Ginebra, 8 dic.- El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) tiene abiertas quejas por la situación de parlamentarios colombianos de la oposición amenazados de muerte y de otros acusados mediante testimonios de exparamilitares de haber colaborado con estas fuerzas ilegales.

El secretario de ese Comité, Rogier Huizenga, precisó hoy que el caso que más preocupa es el del senador Iván Cepeda, quien fue defensor de los derechos humanos antes de ser elegido parlamentario.

Cepeda ha centrado sus esfuerzos en favor de las víctimas del conflicto interno colombiano y en la recuperación de las tierras de aquellos que fueron desposeídos de ellas en el contexto de violencia armada.

Durante una presentación de la situación de legisladores que sufren abusos con trasfondo político, Huizenga dijo que el comité está pidiendo a las autoridades colombianas "que hagan lo posible para identificar a los autores (de las amenazas) y enjuiciarlos".

Por otra parte, el secretario del Comité de Derechos Humanos de la UIP dijo que también es un motivo de preocupación para este órgano los casos de parlamentarios acusados por paramilitares desmovilizados de haber colaborado con ellos.

Esas acusaciones han formado parte de supuestas confesiones mediante los cuales buscaban obtener beneficios, como la reducción de penas, recordó Huizenga, quien anotó que muchos de esas declaraciones "iban en todas las direcciones" y "eran contradictorias".

"La Corte Suprema de Justicia no fue muy escrupulosa en verificar la credibilidad de estos testimonios", recalcó.

Aclaró que la UIP "no está para defender a miembros del Parlamento que han cometido crímenes, sino todo lo contrario. Un parlamentario, más que cualquier otro ciudadano, debe rendir cuenta de sus actos".

"Lo que sucede es que, en el proceso de desmovilización paramilitar, los miembros del Parlamento fueron considerados daños colaterales", explicó.

También inquieta, agregó Huizenga, que la Corte Suprema de Justicia de Colombia sea la instancia que investiga y juzga, a la vez, a los parlamentarios, que no tienen derecho a apelar.

En total, el Comité de la UIP tiene abiertos 24 expedientes de parlamentarios de Colombia, aunque varios casos datan de las décadas de 1980 y 1990, como el del asesinado senador Carlos Galán Sarmiento, que están sin resolver.