El último de los imputados por el 'Caso Retablo' acepta un año de cárcel y 1.000 euros de multa por cohecho

El último de los imputados en la 'Operación Retablo', el propietario de la empresa de restauración Da Vinci, ha aceptado un año de cárcel y una multa de 1.000 euros por un delito de cohecho al haber realizado obras para un alto cargo de la Xunta a cambio de la adjudicación de diferentes trabajos de restauración.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha celebrado este viernes una vista por esta causa derivada de la 'Operación Retablo', en la que las partes han formalizado el acuerdo, luego de que el condenado, M.M., no compareciese en el anterior señalamiento, que tuvo lugar a mediados del pasado mes de mayo.

Por ello, este empresario fue declarado en rebeldía, aunque este viernes ha justificado que su ausencia fue debida a un fallo en la dirección a la que fue remitida la carta de citación para comparecer en la vista del 16 de mayo.

Así, las partes han acordado imponer a M.M. una pena de un año de cárcel y 1.000 euros de multa, así como a asumir una sexta parte de las costas del proceso, compartidas junto con los otros acusados en el conocido como 'Caso Retablo'. El condenado podrá eludir la pena privativa de libertad si abona las cantidades de la sanción y no comete ningún otro delito durante el tiempo que dure la pena.

Esta persona y otros tres empresarios aceptaron realizar pequeñas obras para el líder de la trama --con identidad C.G.G. y que durante los años 2003 y 2009 ocupó un alto cargo en la Consellería de Cultura de la Xunta-- a cambio de que les fuesen adjudicados determinados trabajos de restauración.

La Fiscalía considera que los responsables de las entidades implicadas contactaron con C.G.G. para "adecuar sus proyectos a las condiciones que él estableciese". "Como contrapartida a la adjudicación, asumieron el pago de unas cantidades y otros favores que abonarían en efectivo" al principal acusado, señala la Fiscalía.

Entre otras, realizaron obras en las Clarisas de Tui, San Martiño de A Gudiña, el Mosteiro de San Clodio de Leiro, Santa María la Real de Entrimo, San Salvador de Celanova, Santiago de Coedo de Allariz, Santo André de Cedeira en Redondela o Santa María de Castro de Cima de Riós.

'OPERACIÓN RETABLO'

El empleado público aceptó una condena de dos años de cárcel, la inhabilitación por seis años para el ejercicio de empleo o cargo público, así como una multa de 2.190 euros y el embargo de otros 103.350 euros por un delito de cohecho en la restauración de bienes de la Iglesia en Galicia.

De este modo, C.G.G. era el encargado de informar de los proyectos de restauración de inmuebles eclesiásticos para que se adecuasen a las técnicas de restauración y fuesen realizados por profesionales cualificados.

Por ello, conforme explica la Fiscalía en su escrito de acusación, conocía las funciones relativas a la restauración y también el funcionamiento de los procesos de adjudicación de las ayudas públicas. "Esto le permitió iniciar una práctica de imposición de proyectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de las restantes", señala.

De este modo, el Ministerio público explicó que "reconducía" a los interesados en los proyectos de restauración a las empresas de su preferencia". "Como contrapartida", la Fiscalía considera que C.G.G. recibía dinero en efectivo o bien labores que no remuneraba por parte de las empresas que ejecutaban las restauraciones".

Además, el juez también ha considerado probado que este principal acusado adquirió del Obispado de Tui una casa rectoral en Paraños, en Covelo, en unas condiciones económicas "muy ventajosas" gracias a la "prestación de favores en los procedimientos de restauración adjudicados". Así, adquirió la casa por 60.000 euros a pagar en diez años, inmueble que acabaría ofreciendo para su venta por un precio de 680.000.

ARQUITECTO DE LA S. A. XACOBEO

A mayores de este extécnico y de los empresarios, en el proceso también fue condenado un arquitecto de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, con identidad J.M.P.P., quien aceptó una multa de algo más de 700 euros --seis euros al día durante cuatro meses-- por otro delito de cohecho.

En concreto, el Ministerio Público le acusaba de iniciar una relación con C.G.G. a través de la que este arquitecto proponía obras de restauración a financiar por el Xacobeo. De este modo, informaba a esta entidad en sentido favorable para que abonase cantidades para proyectos de restauración que habían sido informados por C.G.G.

"La finalidad común de ambos era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas adjudicatarias de las labores de restauración", señala la Fiscalía. Además, el juez consideró probado que, a través de esta forma incrementó su patrimonio y llegó a recibir beneficios en especies, como una caca de un valor "incierto" y "superior a los 1.000 euros".