Un empresario acusa pero no prueba el pago de sobornos a todos los partidos

Vigo, 14 nov.- El máximo responsable del grupo las Cinco Jotas, José Manuel Costas, ha apuntado hoy a "todos los partidos" como receptores de pagos en dinero negro por parte de empresas de la construcción, aunque no ha dado nombres concretos de cargos.

Antes de entrar en el Juzgado de Instrucción 6 de Vigo, Costas dijo que aportaría pruebas de los supuestos sobornos a políticos, desde fotos a facturas y extractos bancarios, y lo mantuvo tras su declaración ante la jueza, que presenciaron los abogados de las empresas imputadas en la trama de las facturas falsas.

Uno de esos abogados ha explicado luego a los medios que Costas manifestó ante la jueza que no presenció ninguno de los pagos a políticos, sólo que las empresas para las que Cinco Jotas emitía supuestamente facturas falsas le decían que eran para pagar sobornos.

Costas solo ha aportado una prueba que cree "fundamental", y que demostraría una donación de 250.000 euros exigida por el secretario del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, ante la presencia del alcalde, José Luis Valladares (PP), para la construcción de un polígono donde se iba a instalar una empresa inglesa de baterías.

En este caso, Cinco Jotas, epicentro del mayor caso de fraude fiscal destapado en Galicia, era promotora de la obra, para la que adquirió una parcela de 160.000 metros cuadrados y para escriturarlos el secretario municipal le pedía 250.000 euros, más otros 50.000 entregados antes, bajo la advertencia de que lo tenía "agarrado por los huevos".

Preguntado por los periodistas por la falta de concreción en sus acusaciones de sobornos a políticos, el abogado de Costas, José Chapela, ha incidido en que "nadie se cree que un político vaya a estar presente en el momento en que se entrega un dinero".

Sin embargo, ha recalcado que su cliente ha aportado hoy documentación que demuestra que organismos públicos pagaron a empresas para las que Cinco Jotas hizo supuestamente facturas falsas antes de que éstas fuesen emitidas.

Chapela también ha detallado que Darzal, empresa consultora y de prevención, recibió de su cliente facturas por 10 millones de euros en diferentes conceptos: obras para la Zona Franca de Vigo, en tramos de una carretera de Málaga y también del AVE desde A Coruña a Madrid, que realmente no realizó.

"¿Para quién era ese dinero? Por lógica, si era para obras públicas, sería para el organismo público correspondiente", ha deducido.

El abogado de Costas también ha referido la emisión de facturas con fecha de 2003 por importe de 250.000 para Mercadona, para la realización de varias obras en Vilagarcía, entre ellas un supermercado, en las que Cinco Jotas "no intervino para nada" y nunca recibió los pagarés correspondientes.

El máximo responsable del grupo empresarial vigués involucra en la trama de las facturas falsas a un total de 25 compañías, entre las que también cita a Copasa y Puentes y Calzadas.

Según su abogado, en la instrucción de la macrocausa de fraude fiscal en Galicia, desgajada en diferentes piezas, sobre algunas de las cuales ya hay dictadas sentencias, "no se han hecho demasiadas averiguaciones" ni "todos sus protagonistas" están en el procedimiento.

Y es que en opinión de Chapela, en la trama hay diferentes "intérpretes" involucrados: "un colaborador necesario, un autor por inducción y un cómplice".

Se ha referido a la "curiosa" circunstancia de que cuando había "trabajos reales" de por medio, a Cinco Jotas le pedían los documentos exigidos a las subcontratas en las obras públicas: estar al corriente en el pago de la Seguridad Social y Hacienda.

Pero cuando, "en la mayoría de los casos", no realizaba los trabajos para los que emitía facturas no le pedían esa documentación.

El letrado de Costas también ha aludido a que el departamento de inspección del Banco de España va a intervenir para analizar la actuación de las entidades financieras desde las que la trama de las Cinco Jotas emitió las facturas.

Ha aludido como ejemplo a que en una mañana, en un intervalo de apenas media hora, le llegaron a entregar en un banco a su cliente 400.000 euros repartidos en entregas de 90.000 a instancias de las empresas que entregaban facturas falsas a Hacienda.

Asimismo, se ha preguntado cómo los bancos aceptaron la apertura de cuentas a nombre de trabajadores autónomos supuestamente utilizados como testaferros sin que éstos fuesen físicamente a las sucursales, aceptando solo con fotocopias de sus carnés y firmas que no fueron verificadas por ningún fedatario público.