Nueva York.- Un juez de Nueva York ha decidido impedir la ejecución de la sentencia por la que en Ecuador fue condenada el mes pasado la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por daños medioambientales en la Amazonía.
Fuentes del proceso judicial declararon hoy a Efe que el juez Lewis Kaplan emitió una orden por la que no podrá ejecutarse esa sentencia, sobre la que él mismo ya había dictado una suspensión temporal en febrero.
El portavoz de la petrolera estadounidense, James Craig, agradeció la decisión del juez neoyorquino y aseguró que "no se puede permitir" que los demandantes "se beneficien de un sistema judicial (ecuatoriano) que no garantiza el debido proceso y de una sentencia que han obtenido por medio del fraude y de la corrupción".
La decisión de Kaplan impide así a los demandantes tratar de cobrar indemnizaciones para hacer cumplir la decisión de la corte ecuatoriana, algo que también había bloqueado de manera temporal la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
"Sin esta orden, Chevron se vería forzada a defenderse y litigar contra la ejecución de la sentencia en Ecuador en múltiples procedimientos", afirmó el juez Kaplan en su decisión, donde añadió que había "un riesgo significativo de que sus activos fueran embargados".
El caso que enfrenta desde hace 18 años a Texaco (comprada por Chevron en 2001) con pueblos de la Amazonía dio un giro el pasado 14 de febrero cuando una corte de Ecuador condenó a la petrolera a pagar más de 9.500 millones de dólares en lo que se considera la penalización más elevada jamás impuesta por daños medioambientales, un fallo que recurrieron tanto los demandantes como Chevron.
Los demandantes atribuyen a Texaco la contaminación de unas 480.000 hectáreas de selva en la Amazonía, daños irreversibles al ecosistema y enfermedades graves a sus habitantes.
Aseguran que la petrolera estadounidense arrojó entre 1964 y 1990 sin ningún cuidado unos 68.000 millones de litros de vertidos tóxicos, cuyos efectos, dicen, aún se padecen en las áreas donde la petrolera operó.
Sin embargo, Chevron sostiene que cumplió con las tareas de limpieza que en su día acordó, que los daños son responsabilidad de Petroecuador -que asumió en los 90 el control de los campos petrolíferos que causaron los derrames- y que los demandantes han tratado de extorsionarla y defraudar en colaboración con autoridades ecuatorianas.
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