Un letrado de los ERE pide la nulidad al prohibirle defender a dos imputados

Sevilla, 4 sep.- José María Mohedano, abogado de dos exdirectores de Presupuestos de la Junta imputados en el caso de los ERE, ha pedido la nulidad de todo lo actuado desde que la juez Mercedes Alaya le prohibió defender a ambos, el pasado 25 de julio.

Mohedano, en un recurso al que ha tenido acceso Efe, apela directamente ante la Audiencia de Sevilla contra la decisión de Alaya, que ha prohibido compatibilizar la defensa de trece imputados porque han estado subordinados uno a otro o han ocupado el cargo sucesivamente.

Las afirmaciones que "de forma abstracta y genérica" hace la instructora "arrojan a los imputados a una indefensión total", dice en el recurso.

En su caso, durante la declaración como imputado de Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta, el pasado 25 de julio, Alaya le obligó a elegir entre Antonio Lozano o Buenaventura Aguilera, sucesivos directores generales de Presupuestos, a lo que el letrado respondió haciendo constar su protesta porque "la incompatibilidad debe apreciarla el defensor".

Ahora, Mohedano pide a la Audiencia que decrete la nulidad de aquella decisión de Alaya, del auto posterior que explicó su posición y de todas las actuaciones derivadas de ellos.

Razona que "el derecho a la libre elección de abogado es núcleo esencial del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva" y añade que son "muy restrictivas las causas de limitación del derecho a la libre elección del abogado y la jurisprudencia ha establecido limitaciones muy importantes a la discrecionalidad del juez".

Además, se trata de un "conflicto de intereses que por supuesto mi representado no comparte", añade.

La incompatibilidad señalada por Alaya "sólo podría producirse cuando exista una colisión entre diversos derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, lo cual no es el caso", apunta.

A juicio de Mohedano, los "conflictos de intereses a los que se refiere la juez son una cuestión estrictamente deontológica y estatutaria de la abogacía".