Un nuevo capítulo en la investigación de 60 años de robo de niños

Madrid, 12 abr.- La comparecencia ante el juez de la religiosa María Gómez Valbuena y la reunión de las asociaciones de afectados por la causa de los "niños robados" con el Gobierno y la Fiscalía abren un nuevo capítulo en la investigación de la desaparición de miles de recién nacidos a lo largo de 60 años.

Sor María es la primera persona a la que un juez abre diligencias por un caso de "niños robados" en relación al caso de una madre que la acusa de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina.

El caso de los niños robados saltó a la opinión pública en 2008 en el contexto de la Memoria Histórica, con los niños que fueron arrebatados a sus padres republicanos para ser educados en la "afección al régimen" durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.

A estos casos se han sumado cientos de denuncias de desapariciones que se extienden desde la década de los cincuenta hasta los noventa, por lo que se calcula que podrían ser unos 300.000 los niños robados y entregados a otras familias con una identidad falsa.

Para las asociaciones de afectados que llevan años luchando por esta causa, el caso contra Sor María es "un gran paso adelante", ya que la religiosa, que trabajaba en las clínicas de San Ramón y Santa Cristina de Madrid, aparece mencionada en decenas de casos de madres que aseguran que sus hijos recién nacidos les fueron arrebatados y "vendidos" en adopción.

Otro importante avance es el hecho de que, también hoy, las asociaciones han sido recibidas por los ministros de Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Las dos asociaciones más importantes representan dos puntos de vista diferente: "La Plataforma de grupos afectados de clínicas de toda España. Causa de Niños Robados", que agrupa a unas 300 familias, y la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que aglutina a unas 500 personas.

La Plataforma considera que el robo de recién nacidos en clínicas de toda España era una trama perfectamente organizada para "compensar" a las familias afines al régimen y por lo tanto debe considerarse un crimen de 'lesa humanidad'.

Por su parte, Anadir, considera que aunque el germen está en el robo de hijos de republicanos muertos o encarcelados tras la guerra, esta práctica se convirtió en una trama puramente económica, cuyas víctimas no fueron sólo republicanos, sino familias de bajo estrato social, que no tenían capacidad de investigar sus casos.

Ambas asociaciones coinciden en que los delitos deben ser investigados puesto que aún no han prescrito.

Así, en enero de 2011, Anadir pidió a la Fiscalía General del Estado la apertura de una investigación para identificar a los responsables de una trama dedicada al robo y posterior venta de niños que habría actuado en toda España, sobre todo entre los años 1950 a 1990.

Según la denuncia, los responsables de las clínicas decían a los padres que sus bebés había muerto al nacer o a las pocas horas y aceleraban los trámites de enterramiento, sin la participación de la familia.

Los bebés eran entregados a otras parejas previa falsificación de los documentos necesarios, tanto el certificado de defunción, como la nueva inscripción como nacidos con otra identidad y otros padres, que pagaba por ello.

Según las investigaciones de las asociaciones de afectados, en la operación estaban implicados médicos, personal sanitario, abogados, funcionarios de la administración e incluso religiosos o religiosas -como Sor María-.

En junio de 2011, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, descartó que el conjunto de las desapariciones se pudiera atribuir a "una sola organización", por lo que rechazó la apertura de una investigación nacional y pidió que fuesen las fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso.

La Fiscalía acordó aunar los criterios de actuación, entre ellos la calificación del delito y estableció dos protocolos de actuación para prestar atención personalizada a las víctimas y practicar pruebas de ADN.

Según la Fiscalía, en noviembre de 2011 se habían abierto 1.072 diligencias informativas, 342 diligencias previas y se habían producido 14 exhumaciones.