La Paz, 13 feb.- Una década después del choque entre grupos de militares y policías en las puertas del Palacio presidencial de Bolivia, que se saldó con 31 muertos uniformados y civiles, no hay ni un detenido, ni juicio oral, lamentaron hoy fuentes jurídicas.
El caso, que pasó a la historia boliviana como "febrero negro", está "paralizado" y "abandonado", afirmaron a Efe el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Milton Mendoza, que era fiscal en 2003, y el abogado de las víctimas civiles, Arturo Vargas.
El conflicto estalló el 12 y 13 de febrero por la decisión del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) de aprobar un impuesto al salario que fue rechazado por policías amotinados en un cuartel frente al Palacio, resguardado por los militares.
Mendoza explicó que el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, que radica en Estados Unidos, y tres de sus ministros de entonces "está parado porque no han sido notificados" y lo mismo ocurre con un proceso ordinario contra los implicados en el sangriento enfrentamiento.
El magistrado, que en su momento estuvo a cargo de la imputación contra 19 personas acusadas, manifestó que, aunque se cometieron "delitos de lesa humanidad", el juicio oral no ha comenzado porque los uniformados ejercen una "manipulación perversa" del caso.
Lamentó además que el caso "no tenga relevancia" ni para el Congreso, ni el Ejecutivo, ni para organizaciones de derechos humanos, por lo que prácticamente está en "el olvido".
Según Mendoza, el suceso también quedó "nublado" por el llamado "octubre neg", un caso de represión militar contra las manifestaciones de civiles que se saldó con más de 60 muertos en octubre del mismo 2003 y que forzó la renuncia de Sánchez de Lozada.
Por esas decenas de muertos fueron también acusados Sánchez de Lozada, varios de sus colaboradores civiles y uniformados, de los que en 2011 fueron condenados tres ministros y cinco militares.
El abogado Vargas, que defiende a un grupo de víctimas civiles, afirmó hoy que una década sin poder instalar un tribunal de sentencia para juzgar esos cruentos hechos es una prueba palpable del retardo en la aplicación de la justicia en el país.
Los uniformados, según Vargas, no pueden ser notificados porque siguen prestando servicios en la Policía y el Ejército, cambian de destino de forma permanente e incluso algunos protagonistas de esos hechos trabajan como asesores de esos organismos.
Vargas señaló que los familiares de las víctimas civiles quieren recurrir a los tribunales internacionales si la justicia boliviana sigue sin notificar a Sánchez de Lozada y a los uniformados.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, sostuvo hoy que Sánchez de Lozada fue presionado por organismos internacionales para aplicar el impuesto a cambio de donaciones y créditos provocando una "terrible matanza" que, a su juicio, fue "una de las pautas para el derrumbe del régimen neoliberal".
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